Para dar cumplimiento a las medidas reclamadas por las Cortes de Castilla y León a la Administración autonómica mediante la PNL/000629 aprobada el 7 de febrero de 2013, en relación con la defensa de las víctimas de adopción irregular y/o sustracciones de recién nacidos o trata de menores en esta Comunidad, el Procurador del Común formuló una Resolución a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades recomendando la elaboración de un protocolo específico para ofrecer información y asesoramiento a los afectados, favoreciendo las investigaciones sobre la búsqueda de orígenes y la cooperación con los órganos judiciales y los ciudadanos en el marco de la normativa vigente y del ámbito competencial correspondiente.