La Giornata internazionale ha lo scopo di sensibilizzare sull’inviolabilità della dignità umana. La responsabile del Centro di tutela contro le discriminazioni Priska Garbin invita ad assumersi la responsabilità di una società in cui rispetto e solidarietà siano realtà vissuta.

Il 10 dicembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dei Diritti Umani. "Questa giornata", così Priska Garbin, responsabile del Centro di tutela contro le discriminazioni, "ci ricorda che la dignità e i diritti di ogni persona sono inviolabili, non come ideale astratto, ma come fondamento concreto per una convivenza pacifica e solidale".

Ogni essere umano è vulnerabile sul piano fisico, psicologico o sociale, e questa non è una debolezza, bensì una realtà universale: "Tutti abbiamo bisogno di protezione, rispetto e cura, e nessuno può sapere quando avrà bisogno di aiuto o quando sarà chiamato a offrirlo", prosegue Garbin: "Proprio per questo è saggio, e nell’interesse di ciascuno, garantire diritti per tutti. I diritti umani sono, infatti, una rete di sicurezza comune, perché si basano su uguale dignità per ogni persona". Essi sono la promessa che nessuno verrà escluso, esposto all’arbitrio o privato della propria dignità a causa dell’origine, del genere, della religione di appartenenza, della disabilità, dell’età o di altre caratteristiche.

Una comunità che rispetta i diritti umani riconosce la diversità e la vulnerabilità dei suoi membri; essa crea spazi in cui le differenze non dividono, ma arricchiscono. "Proprio in tempi di polarizzazione e discriminazione è fondamentale ricordare che la forza di una società non si misura dal potere dei singoli, ma dall’attenzione alle persone più fragili", così la responsabile del Centro.

Il Centro di tutela contro le discriminazioni si impegna affinché i diritti umani non restino solo sulla carta, ma vengano vissuti nella quotidianità. "Invitiamo tutte le istituzioni, le aziende, i cittadini e le cittadine ad assumersi attivamente la responsabilità di una società in cui rispetto e solidarietà non siano l’eccezione, ma la regola", conclude Garbin.

La valoración oficial del grado de discapacidad es un paso imprescindible para acceder a ayudas, prestaciones y derechos sociales. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana, decenas de miles de personas llevan más de un año esperando a que su expediente sea revisado. Esta situación ha generado un gran malestar social y un notable incremento de quejas ciudadanas relacionadas con este problema desde 2024.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha cerrado hoy su investigación de oficio sobre las graves demoras en la valoración de la discapacidad con el compromiso de la Conselleria de Servicios Sociales de aceptar algunas de las recomendaciones propuestas para atajar el problema.

El defensor propuso nueve recomendaciones a la Conselleria, entre las que destacan la necesidad urgente de reforzar los recursos humanos, crear más equipos de valoración, acelerar la implantación de la nueva herramienta informática y mejorar la información a los solicitantes sobre los plazos de resolución de sus expedientes

Servicios Sociales ha aceptado seis de estas recomendaciones, aunque sin concretar plazos de cumplimiento. Cabe señalar que la Administración autonómica se ha comprometido a la contratación temporal de 24 nuevos profesionales para reforzar los Centros de Valoración y Orientación de Discapacidad en Castellón, Valencia y Alicante; a aprobar una nueva orden reguladora del procedimiento; a acelerar la implantación de una aplicación informática que facilite la gestión; y a colaborar con las organizaciones sociales del sector para mejorar la atención y el asesoramiento a las personas con discapacidad.

La Conselleria espera que estas medidas ayuden a reducir el volumen de expedientes pendientes, que supera los 61.000 en toda la Comunitat, según la información que ha proporcionado a esta institución. Una cifra que refleja la gravedad de la situación y la necesidad de adoptar medidas eficaces y urgentes.

Por contra, la Administración ha rechazado la recomendación de informar de manera individual a cada solicitante sobre el tiempo estimado para la resolución de su expediente, alegando que supondría una carga administrativa extra no prevista en la ley. También descarta crear más equipos de valoración a nivel de departamentos sociales y emitir resoluciones provisionales para quienes están pendientes de revisión, medidas que el Síndic considera razonables y necesarias para garantizar una buena administración y reducir la incertidumbre de las personas afectadas.

Luna ha recordado que el tiempo medio de espera para la valoración de la discapacidad es actualmente de un año y medio. Además, ha anunciado que hará un seguimiento del cumplimiento de las medidas aceptadas.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

 El Comité de Representantes de las Personas con Discapacidad de Navarra CERMIN asistió a las XXXVIII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo celebradas en Zaragoza bajo el título ‘La vulnerabilidad en las aulas’, un encuentro clave para el fortalecimiento de los mecanismos de protección y garantía de derechos.

En las jornadas, expertos de las defensorías autonómicas y entidades participantes reflexionaron y debatieron sobre cómo atender las circunstancias de especial riesgo que enfrentan personas con vulnerabilidades en el sistema educativo. La primera ponencia del Congreso fue pronunciada por César Bona, maestro y escritor reconocido con el Global Teacher Prize, denominado como Premio Nobel de los profesores, bajo el título “Educar en la empatía: claves para una escuela más humana e inclusiva”, cuya presentación fue realizada por Patxi Vera, Defensor del Pueblo de Navarra.

Además, una de las mesas redondas versó sobre ‘Educación y discapacidad: modelos diversos para una respuesta adecuada’. Moderada por el secretario general de la Valedora do Pobo Fernando de Andrés contó con la participación de María Dolores Padrón, diputada del Común de Canarias; María Guerrero, directora de la Fundación Los Pueyos; Ana Rodríguez, directora del CEE Alborada y Laura Larriba, miembro de la Plataforma Familias Discapacidad.

Desde CERMIN valoraron positivamente la oportunidad de asistir a este encuentro en el que se dieron a conocer proyectos educativos innovadores y políticas públicas en favor de la educación inclusiva y de calidad. Asimismo, destacaron que la invitación del Defensor del Pueblo de Navarra para asistir a las jornadas supuso un intercambio, aprendizaje y visibilización del trabajo que se realiza en favor de las personas con discapacidad.

Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles a récemment rencontré Patrick Charlier, directeur d’Unia. Une rencontre placée sous le signe du dialogue, de la coopération et de la construction de ponts entre deux institutions qui, chacune à leur manière, œuvrent la promotion des droits.

Unia, une histoire au service de l’égalité

L’histoire d’Unia commence en 1993, avec un objectif clair : lutter contre le racisme et garantir l’égalité des chances. Au fil des années, son champ d’action s’élargit. L’institution se transforme, évolue, se renforce, jusqu’à devenir en 2013 l’organe interfédéral que l’on connaît aujourd’hui : un acteur-clé dans la lutte contre toutes les formes de discrimination et la promotion des droits humains.

Aujourd’hui, Unia accompagne les personnes victimes de discriminations, les conseille, les écoute et, lorsque la conciliation n’est pas possible, les aide à aller plus loin — jusqu’à la justice si nécessaire. En outre, Unia c’est aussi un centre d’expertise qui analyse, recommande, forme et éclaire les pouvoirs publics pour que l’égalité ne soit pas un idéal, mais un progrès constant et concret.

Des missions différentes, mais complémentaires

La rencontre a mis en lumière la complémentarité entre les deux institutions :

• Unia intervient dans la lutte contre les discriminations, via la conciliation ou, en dernier recours, l’action judiciaire.
• Le Médiateur, de son côté, cherche avant tout la résolution amiable des difficultés entre citoyens et administrations, soutient et promeut l’amélioration de l’action administrative .

Travailler ensemble, s’inspirer, se renforcer

Les équipes d’Unia et du Médiateur partagent un même objectif : améliorer le quotidien des citoyens en renforçant l’Etat de droit. Cette rencontre ouvre la voie à davantage de contacts, d’échanges, de collaboration et de regards croisés sur les situations rencontrées. L’idée est simple : apprendre l’un de l’autre pour proposer un service encore plus humain, plus efficace et plus cohérent.

L’intelligence artificielle comme horizon commun

Un autre chantier a été évoqué : celui de l’intelligence artificielle. Les deux institutions envisagent une collaboration pour réfléchir ensemble à la création d’une charte éthique, déontologique et juridique encadrant l’usage de l’IA par les administrations. Une étape essentielle pour garantir transparence, équité et respect des droits dans les technologies qui façonneront les services publics de demain.