El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para presentar el Informe anual de la actividad de la institución en 2024.
Ángel Gabilondo, que ha acudido a la Cámara Baja junto a la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, y la adjunta segunda, Patricia Bárcena, ha destacado que los ciudadanos hacen llegar a la institución su preocupación por la lentitud de la Justicia y por las deficiencias en los servicios de salud. “Con sus quejas reclaman a las administraciones mayor celeridad en la Justicia y mejoras en los servicios de salud”.
Más de 34.000 expedientes
En 2024, la institución Defensor del Pueblo tramitó 34.629 expedientes, de los que 34.402 fueron quejas, 185 actuaciones de oficio ante las diferentes administraciones y 42 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, la institución atendió personalmente a 35.733 ciudadanos: 34.115 de ellos mediante llamadas telefónicas y 1.618 de manera presencial.
Asimismo, se formularon 2.501 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. De ellas, 1.190 fueron recomendaciones, 843 fueron sugerencias, 464 recordatorios de deberes legales y cuatro advertencias.
Los asuntos relacionados con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social, la Función Pública, asilo, migraciones, Interior, Educación, Economía o Sanidad, protagonizaron el mayor número de quejas. Un año más, las comunidades desde las que más escritos se recibieron fueron las de Madrid (8.031), Andalucía (4.155), Cataluña (3.441) y Valencia (3.231).
Principales actuaciones en 2024
Durante su intervención, Ángel Gabilondo ha repasado las principales actuaciones de la institución en 2024.
En materia de Sanidad el Defensor del Pueblo se ha referido a la salud mental para adolescentes y jóvenes. En su opinión, “resulta imprescindible incrementar el número de profesionales y recursos terapéuticos especializados para que las familias, ante los primeros síntomas, puedan acudir con prontitud a un especialista sin esperas prolongadas de citas”, problema que se da en la actualidad.
En lo relativo a la vivienda, Ángel Gabilondo ha insistido en la necesidad de mantener y mejorar los programas de ayudas al pago del alquiler y en que los procedimientos de adjudicación de viviendas públicas deben ser ágiles y transparentes. Y dado el incremento sostenido de los precios del alquiler, las administraciones públicas deberían utilizar las herramientas de la vigente Ley de Viviendas. También ha señalado que las viviendas públicas protegidas deberían estar sujetas a protección permanente.
El Defensor del Pueblo ha mencionado la actuación iniciada con todas las administraciones autonómicas por los problemas de retrasos para la valoración de la discapacidad. La inclusión del alumnado con discapacidad en las actividades y los servicios de ámbito extraescolar, así como el apoyo a las familias de personas con discapacidad en los ámbitos tributarios y social, han sido asuntos a los que ha aludido Ángel Gabilondo en su intervención ante los diputados y senadores.
El Defensor del Pueblo ha subrayado la necesidad de protección específica de las mujeres mayores víctimas de violencia de género, que, en muchas ocasiones, tienen dificultades añadidas para salir de la situación del maltrato y recobrar sus vidas. Y ha recordado que en 2024 la institución publicó el informe Violencia vicaria de género. Las otras víctimas, donde se recogieron líneas de actuación y recomendaciones dirigidas a las administraciones competentes para mejorar los servicios de atención a los menores, así como para prevenir y reparar más eficazmente esta forma de violencia contra la infancia y la adolescencia.
Otro asunto relevante de su exposición en la Comisión ha sido el relativo a las personas desaparecidas en su intento de llegar a las costas españolas. El Defensor del Pueblo ha aseverado que, en materia migratoria, la institución ha solicitado información sobre el estado de los trabajos de elaboración del protocolo de actuación ante la llegada de grandes contingentes de personas migrantes a las costas españolas, y ha tramitado numerosas quejas relacionadas con los recursos del sistema de acogida humanitaria.
Efectos indeseados e injustos
Sobre las quejas recibidas por reintegro de prestaciones sociales por cobro indebido, Ángel Gabilondo ha explicado las actuaciones iniciadas con las administraciones competentes. El Defensor del Pueblo ha indicado que, teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial más reciente del Tribunal Supremo, considera que ha llegado el momento de revisar la Ley General de la Seguridad Social -artículo 55- para paliar los efectos indeseados e injustos que estos procedimientos de reintegro pueden causar a las personas y familias necesitadas y vulnerables.
Por otra parte, ha recordado la publicación del informe monográfico Retos de la inclusión financiera. Servicios bancarios y personas vulnerables, con 32 recomendaciones a las administraciones competentes.
Los retrasos en la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) ha sido objeto de seguimiento por parte de la institución. Ángel Gabilondo ha apuntado que la institución ha formulado recomendaciones a 33 ayuntamientos que pueden hacerse extensibles a todos los municipios obligados por ley a implantar una ZBE.
El Defensor del Pueblo ha destacado en su comparecencia las actuaciones de seguimiento realizadas por la institución para ver la evolución de calidad de los servicios de Cercanías en Madrid y Barcelona, capitales que han concentrado la gran mayoría de las quejas recibidas al respecto.
Cuatro años sin electricidad
Ángel Gabilondo ha hecho mención especial a la situación de extrema vulnerabilidad en la que viven habitantes de la Cañada Real Galiana, que desde hace más de cuatro años no disponen de suministro eléctrico. En este sentido, ha enumerado las actuaciones, recomendaciones, propuestas y las reuniones con distintos colectivos que ha llevado a cabo la institución. Algunas de ellas este mismo año.
El Defensor se ha referido también a la actividad realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP), que en 2024 realizó 26 visitas a lugares de privación de libertad que derivaron en 203 recomendaciones, 300 sugerencias y 11 recordatorios de deberes legales.
Ángel Gabilondo ha recalcado que el Informe anual 2024 recoge una actualización del Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. La misma no supone una modificación de las conclusiones y recomendaciones del Informe y habrían de ser, a juicio del Defensor del Pueblo, objeto de deliberación para la adopción de medidas concretas que el Parlamento decida. Las víctimas esperan y demandan una respuesta necesaria.
En su intervención, Ángel Gabilondo ha repasado las acciones de carácter internacional en las que la institución participa como miembro de organizaciones que aglutinan a ombudsman de otras regiones. El Defensor del Pueblo, reacreditado en 2024 como Institución de Derechos Humanos por Naciones Unidas, es además institución referente para las organizaciones multilaterales de derechos humanos.
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