Aristoteles Constantinides of Cyprus takes up duty as the Chairperson of the Management Board of the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). His two-and-a-half-year term begins on 25 October 2026.

Aristoteles Constantinides is an Associate Professor of International Law and Human Rights at the University of Cyprus. His research focuses on international human rights law, particularly the rights of minorities, social rights, and the intersection of human rights and criminal justice. He authored Cyprus’ National Human Rights Strategy and is currently supporting the drafting of the National Strategy for LGBTI persons. He is a member of the Council of Europe’s Steering Committee for Human Rights in the fields of Biomedicine and Health (CDBIO), the Cyprus National Bioethics Committee and the Drafting Committee on Human Rights and Drug Policies (DH-PDA).

On taking up the role, Aristoteles Constantinides said:

"I am deeply honoured to serve as Chairperson of FRA’s Management Board at a time when fundamental rights face mounting pressures. FRA’s unique added value lies in combining robust, comparable evidence and expertise with close stakeholder cooperation to address the profound challenges of artificial intelligence, digitalisation, inequalities, security, and migration. The Management Board plays a vital role in providing strategic direction, supporting effective governance and safeguarding FRA’s independence. I look forward to working with the Agency’s Director and staff, its partners, and my fellow Board members to keep fundamental rights at the heart of EU decision-making."

FRA extends its gratitude to the outgoing Chairperson of the Board, Jim Clarken of Ireland, for his leadership and commitment during his two terms in office. 

On this occasion, FRA Director Sirpa Rautio said:

"It has been a pleasure working with Jim Clarken for the past two years, and I thank him for his dedication and support. Together, the Agency and its Management Board have made significant progress in reacting to new and emerging fundamental rights challenges faced by the EU and its Member States. As the chairing of the Board now changes hands, I warmly welcome Aristoteles Constantinides, with whom I very much look forward to working. In this environment of compounding geopolitical challenges, threats to established norms and increasing inequalities, a clear, unequivocal, and united voice is needed from FRA – its staff, its management and its Board – to ensure that fundamental rights remain an essential cornerstone of EU policy- and lawmaking."

The Management Board oversees FRA’s operations, sets the Agency’s strategic priorities and adopts its budget. It is composed of representatives from all 27 EU Member States, observer States, the Council of Europe and the European Commission. Every two and a half years, the Board elects a Chairperson and Vice-Chairperson from amongst its members. The current Vice-Chairperson of the Board, Astrid Kjeldgaard-Pedersen of Denmark, was elected on 19 May 2026.

The European Network of Ombudsmen (ENO) is celebrating its 30th anniversary in 2026. To commemorate this milestone, the European Ombudsman Office, along with ENO members, created a special report looking back at how EU law has enabled ombudsmen across Europe to turn citizens’ rights into reality and make a tangible difference to people’s lives. The report also includes a code of good practice for how ombudsman institutions should use technology, including AI. Ombudswoman Anjinho handed over the report to European Parliament President Metsola as part of a 30^th anniversary ENO ceremony.

The Ombudswoman’s speech to mark the occasion is here.

La Conselleria acepta las recomendaciones, pero todavía no ha resuelto la solicitud ni ha ofrecido una alternativa adecuada

El Síndic de Greuges ha pedido a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia que conceda de manera urgente el servicio de atención residencial solicitado por una persona con discapacidad y dependencia, cuya situación de urgencia fue reconocida en junio de 2024. La institución también reclama que, si no dispone de una plaza pública adecuada, le ofrezca una alternativa residencial real, viable y adaptada a sus necesidades.

La actuación del Síndic comenzó tras la queja presentada por el padre de un joven que tiene reconocido un grado 3 de dependencia y un 95 % de discapacidad, con movilidad reducida y necesidad de apoyo de una tercera persona. La familia solicitó atención residencial en abril de 2023 ante las dificultades para atenderlo en el domicilio. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Alicante tramitaron la petición por la vía de urgencia y la Conselleria la estimó el 6 de junio de 2024. Sin embargo, más de dos años después, la Administración autonómica todavía no ha resuelto la asignación de la plaza.

La Conselleria explicó al Síndic que la solicitud no se había resuelto porque los recursos residenciales públicos adecuados al perfil de esta persona estaban ocupados al 100 %. También señaló que se encontraba en tercera posición en la lista de espera de casos urgentes, aunque esta posición podía variar por la disponibilidad de plazas y la entrada de nuevas solicitudes de urgencia social. Como alternativas, planteó el ingreso en un centro privado mediante una prestación vinculada al servicio, el acceso a un recurso situado fuera de la Comunitat Valenciana o la contratación de asistencia personal.

Estas opciones no han permitido resolver el problema. Según expuso la familia, la búsqueda de centros privados resultó infructuosa, bien por falta de plazas o porque los recursos no se ajustaban a las necesidades del joven. La asistencia personal tampoco había funcionado de forma estable, ya que en menos de un año se habían contratado hasta cinco profesionales distintos. La familia advirtió, además, de la situación de tensión y riesgo que afrontan tanto la persona afectada como sus progenitores y sus hermanos menores de edad.

Ante esta situación, el Síndic recomendó a la Conselleria que asegurase la existencia de recursos residenciales suficientes para personas con discapacidad, que analizase las plazas disponibles y adoptase las medidas necesarias para garantizar una atención adecuada. También le pidió que, cuando la red pública no pueda responder, colabore con las entidades del tercer sector para ampliar las alternativas de atención.

La institución reclamó igualmente que se apruebe, sin más demora, un procedimiento específico para asignar las plazas residenciales y que se elaboren protocolos capaces de ofrecer una respuesta rápida y eficaz en los casos de urgencia social. El Síndic considera necesario que este sistema garantice la transparencia, la objetividad y la seguridad jurídica, y que vaya acompañado de una herramienta informática que facilite la gestión de las solicitudes y las listas de espera.

La Conselleria aceptó las recomendaciones y comunicó que trabaja en un nuevo procedimiento de asignación de plazas y en una aplicación informática que, según su previsión, estará finalizada en febrero de 2027. También informó de una propuesta para ampliar la acción concertada con la financiación de 149 nuevas plazas en el ámbito de la discapacidad y los problemas graves de salud mental, así como de su intención de continuar colaborando con las entidades del tercer sector

No obstante, el Síndic considera que estas actuaciones todavía no se han traducido en una solución efectiva para la persona afectada. A pesar de que la Conselleria aceptó conceder urgentemente el servicio y buscar una alternativa si no existían plazas disponibles, la solicitud continúa sin resolverse y la familia sigue sin disponer de un recurso residencial adecuado ni de una previsión sobre cuándo podrá acceder a él.

La institución concluye que no resulta admisible mantener esta situación después de más de dos años desde el reconocimiento de la urgencia. Por ello, ha cerrado el expediente dejando constancia de que la Administración autonómica no ha realizado todas las actuaciones necesarias para atender de forma efectiva sus recomendaciones.

El ararteko Mikel Mancisidor asiste en Estrasburgo a los actos oficiales de conmemoración del 30º aniversario de la Red Europea de Defensores del Pueblo (ENO). Esta red agrupa a las defensorías estatales y subestatales de la Unión Europea con la finalidad de intercambiar información sobre la legislación y las políticas de la UE, así como para compartir buenas prácticas.

En el transcurso de estos actos la defensora del Pueblo Europeo Teresa Anjinho, junto con los defensores del pueblo nacionales y regionales asistentes ha hecho entrega del informe conmemorativo de los 30 años de la ENO a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Este informe, coordinado por la Oficina de la Defensoría del Pueblo Europeo con la colaboración de las oficinas integrantes, se estructura en varias secciones:

-    Trayectoria institucional: incluye el listado histórico de todas las personas que han ejercido como titulares de las defensorías en la red.

-    Intervenciones y decisiones sobre Derecho de la UE: recoge resoluciones, investigaciones y recomendaciones basadas en el Derecho de la Unión dictadas en las últimas tres décadas. El Ararteko ya remitió en su momento su contribución específica, aportando los casos más representativos de la institución en la aplicación práctica del derecho comunitario.

-    Actividades de supervisión: sección dedicada a las funciones de control y supervisión basadas en mandatos europeos, apoyada por una nota conceptual y ejemplos de buenas prácticas facilitados por la red.

-    Iniciativas conjuntas: un bloque centrado en las consultas realizadas en el seno de ENO, las investigaciones paralelas y las grandes conferencias celebradas a lo largo de este periodo.

La participación del Ararteko en este encuentro de alto nivel supone una oportunidad para consolidar el compromiso del Ararteko con la red ENO y la visibilidad de la institución en el ámbito de la Unión Europea.

Además, el ararteko ha participado en la jornada técnica que se ha celebrado con posterioridad a la entrega del informe para coordinar futuras líneas de actuación y cooperación en el marco europeo.

Vitoria-Gasteiz, 21 de octubre de 2026

La Valedora do pobo, María Dolores Fernández Galiño, recibió el pasado jueves, 15 de octubre, uno de los primeros Premios María José Arcos, concedidos por FADEMUR Galicia en el marco de la celebración del vigésimo aniversario de la organización y del Día Internacional de las Mujeres Rurales, en una jornada celebrada en el Pazo de Ferias y Congresos de Lugo.

El galardón reconoce su compromiso con la igualdad, la lucha contra la violencia de género y la defensa de los derechos de las mujeres del rural. Durante su intervención, la valedora destacó la importancia de escuchar las personas, atender sus reivindicaciones y garantizar que vivir en una aldea o en un pequeño ayuntamiento no suponga tener menos oportunidades ni menos derechos.

La institución comparte este reconocimiento con las ganaderas Felisa García Corbal, de Cospeito, y Elisa Rial Fariña, de Santa Comba, distinguidas por su trayectoria, su compromiso con el sector agroganadero y su participación en la defensa del sector primario; y con la regueifeira Lupe Blanco, por su labor a favor de la lengua gallega, la tradición oral, lo rural y la igualdad.

Los premios homenajean la memoria de María José Arcos, trabajadora de Uniones Agrarias y figura fundamental en los inicios de FADEMUR en Galicia, y reconocen el papel de las mujeres que, desde distintos ámbitos, contribuyen al desarrollo y a la cohesión social del territorio.

La valedora que cerró el acto de entrega, recibió el premio con gratitud, como un reconocimiento también al papel esencial de las mujeres rurales en el desarrollo económico, social y cultural de Galicia. Mujeres que, con su trabajo, su conocimiento y su compromiso, sostienen las familias, dinamizan el territorio, preservan la lengua y las tradiciones y contribuyen a construir una sociedad más justa e igualitaria. Reconocer su aportación es también reconocer que el presente y el futuro de Galicia no se pueden entender sin su protagonismo.