Ribó urge a su homóloga estatal a que pida la suspensión del artículo 4.2, relativo al pago de los 1.350,72 millones de euros que deberán asumir los consumidores.

Cuestiona si la compensación otorgada a la compañía es conforme a las reglas de la competencia y alerta de que el Decreto podría vulnerar el Tratado fundacional de la Unión Europea en materia de ayudas de estado.

El coste total calculado a día de hoy que repercutirá en los usuarios es de 3.500 millones de euros, correspondientes a la indemnización, el mantenimiento de la plataforma, su posible desmantelamiento y los intereses bancarios.