En febrero de 2013, el Ararteko inició una actuación de oficio tras recibir numerosas quejas por parte de personas perceptoras o solicitantes de RGI a quienes se les había denegado, suspendido o extinguido la prestación por unos gastos considerados superfluos o excesivos. Según las resoluciones, estos gastos supondrían no destinar la RGI a los fines para los que fue reconocida.