En el Día Internacional del Migrante el Ararteko reivindica la importancia de que todas las personas, con independencia de su origen nacional, sean tratadas con respeto a su dignidad y se les reconozcan y respeten los derechos que les corresponden por el hecho de ser personas en igualdad.

Este año también ha sido noticia el intento de alcanzar Europa por parte de muchas personas que huyendo de la violencia, o de la pobreza o simplemente siguiendo un sueño de mayor libertad o de progreso familiar sufren las medidas (que en algunos casos llegan a ser brutales) que evitan su entrada. Melilla, Lampedusa, han sido noticia por las desdichas que encierran y el mar Mediterráneo, antaño lugar de oportunidades, de cruce de culturas y de intercambios comerciales, se ha convertido en un cementerio de personas no identificadas.

Las administraciones concernidas, bien de los estados miembros o bien de la UE, deben intervenir teniendo en cuenta los derechos humanos reconocidos tanto por sus ordenamientos jurídicos, como en el derecho internacional humanitario. Las muertes y agresiones que esta tragedia espantosa suma todos los días deberían movilizar nuestras conciencias para impulsar las actuaciones de los poderes públicos hasta que finalice tanta atrocidad y se de una respuesta (desde un enfoque global) a las legítimas aspiraciones de las personas inmigrantes.

Las personas inmigrantes deben disponer de una autorización de residencia y trabajo que les permita tener las mismas posibilidades para desarrollarse y progresar. La normativa de extranjería debería adaptarse a la consideración de que todas las personas tienen derecho a desarrollarse y a tener oportunidades de mejorar su vida. Se insiste en la vigencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros".

La interrelación, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos cuestiona la diferencia de trato en el acceso a los derechos sociales a las personas extranjeras. Las administraciones públicas deben dotarse de medios para lograr el bienestar social de toda la población sin que la crisis o los recortes lleven a que una parte de la población, las personas inmigrantes, sufran en mayor medida las restricciones presupuestarias y la ausencia de políticas de bienestar. En el caso de las prestaciones que hacen frente a las necesidades más básicas, como la Renta de Garantía de Ingresos, éstas deben alcanzar a todas las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

La lucha contra la discriminación y contra la estigmatización de colectivos y personas debe ser prioritaria, se debe trabajar por la educación en valores, para que toda conducta que implica un trato vejatorio a una persona por su origen nacional, su color, etnia o su religión sea objeto de rechazo social. Es imprescindible que se establezca la normativa adecuada y se pongan en marcha los órganos necesarios y los protocolos de colaboración apropiados para promover la igualdad y luchar contra la discriminación (formación de agentes públicos, comités éticos, propuestas de políticas públicas, medidas antidiscriminatorias…).

Por último hacemos un llamamiento para reforzar la persecución de los delitos de odio o raciales y de trata de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, o cualquier forma moderna de esclavitud. Son conductas que deben impedirse por todos los medios porque atentan seriamente a los principios de una sociedad democrática y a la esencia del ser humano.

Vitoria-Gasteiz, 18 de diciembre de 2014