Siendo importante en Castilla y León el impacto del consumo de drogas ilegales entre la población menor de edad, instaurándose como parte de una nueva cultura en los jóvenes y adolescentes, se ha defendido la necesidad de potenciar una intervención administrativa más garantista y eficaz en la reducción de la oferta de las drogas no institucionalizadas y en la protección de los jóvenes y adolescentes frente a su consumo.