Ante la advertencia del Gobierno central al Ejecutivo Aragonés sobre la inconstitucionalidad de la Proposición de Ley de Actualización de los Derechos Históricos, el Justicia de Aragón, en el marco de su función de Defensa del Estatuto, insta a la Administración del Estado a que tenga en cuenta la tradicional lealtad institucional de Aragón a la hora de interpretar la norma en tramitación y, que conforme a este espíritu, lo haga de la manera más permisiva posible.

Por otra parte, y ante el rechazo de la existencia de un “derecho foral de Aragón” el Justicia considera que el término foral es un término histórico que viene utilizándose desde la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra de 1973 y en Aragón, desde un largo periodo de tiempo, por lo que no debería generar problemas.

Asimismo, Fernando Garcia Vicente entiende que antes de apreciar o no la constitucionalidad de la Proposición de Ley de Actualización de Derechos Históricos en relación con el patrimonio de Aragón que está en otras Comunidades, se debería dar cumplimiento a las leyes y sentencias que hacen posible la recuperación del mismo y que permiten la participación en la administración del Archivo de la Corona de Aragón.