Los expertos coinciden en que la función del Síndic se debería orientar a corregir situaciones de desequilibrio contractual entre las partes y a facilitar la identificación de las insatisfacciones de los usuarios.

Las recomendaciones del Síndic sobre pobreza energética constatan la capacidad de la institución para detectar carencias normativas y organizativas que impiden el pleno respeto de los derechos en el ámbito privado.

La nueva tarifación eléctrica y la no regulación de la segunda oportunidad en casos de sobreendeudamiento son criticadas y cuestionadas por el Síndic.