Como consecuencia del incremento que el nuevo modelo de participación económica autonómico ha originado en las cuantías a abonar por los usuarios de servicios residenciales o de centro de día (personas mayores y personas con discapacidad), el Procurador del Común formuló una Resolución a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a fin de que estudiara la necesidad de modificar el Decreto 70/2011, de 22 de diciembre, por el que se establecen los precios públicos por servicios prestados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el ámbito de los Servicios Sociales, incorporando una serie de criterios adicionales para lograr una regulación más equitativa y justa con la capacidad económica del beneficiario, sin dejar en ningún caso de garantizar la equidad en la progresividad de la participación según dicha capacidad ni, por tanto, de favorecer a las personas con menor nivel de renta.