La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha decidido interponer recurso de inconstitucionalidad contra dos apartados de la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, que atribuyen a la Junta de Gobierno Local, o al Alcalde, la competencia del Pleno del Ayuntamiento para acogerse a medidas contra la morosidad o aprobar un Plan de ajuste económico-financiero.