La existencia de redes de colaboración entre las defensorías del pueblo de las comunidades autónomas y de diferentes países y regiones de Europa y del mundo permite contrastar la situación de los derechos sociales en todos ellos. Me enorgullece constatar que en Euskadi hemos alcanzado, con un gran esfuerzo, un estadio avanzado en el ejercicio de esos derechos en los campos de la sanidad, la educación o la protección social. Uno de los componentes de esta última son las prestaciones sociales de contenido económico que tienen como fin evitar la exclusión social, garantizar la vida digna a todas las personas y trabajar en pro de la inclusión social. La prestación principal de ese tipo es la RGI (renta de garantía de ingresos) que desde enero de 2012 la gestiona el organismo Lanbide. Hay más prestaciones: la PCV para vivienda (competencia también por Lanbide), las ayudas de emergencia social (AES), que las resuelven los ayuntamientos, las prestaciones forales de Gipuzkoa y de Bizkaia, y algunas ayudas municipales, como la destinada a alimentos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.