La Administración estatal consideró que el artículo 35 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, exigía la denegación de las ampliaciones del período de subsidiación de préstamos obtenidos para la adquisición de viviendas protegidas al amparo de planes estatales anteriores al Plan Estatal 2009-2012. Sin embargo, a juicio de esta Institución la literalidad del precepto no permitía tal interpretación restrictiva de los derechos de los ciudadanos.