Ante la inseguridad generada por la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de Dicembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, sobre si los Ayuntamientos podían continuar ejerciendo competencias en materia de educación vial, formulamos una sugerencia a la FAMP para que hiciera llegar a la Federación Española de Municipios y Provincias esta problemática con la finalidad de que estudie las vías para resolver este problema de manera urgente, habida cuenta de que, en la práctica y salvo excepciones, en la inmensa mayoría de los municipios españoles son los propios ayuntamientos los que vienen prestando, con medios propios, esta actividad.