La regulación de la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, con carácter general, impide el acceso a la misma a los titulares de derechos de propiedad, usufructo o cualquier derecho real sobre bienes inmuebles, cuya explotación o venta pudiera aportar recursos económicos iguales o superiores a la cuantía de una anualidad de la renta garantizada de ciudadanía que pudiera corresponder. No obstante, la experiencia obtenida a través de las quejas presentadas en la Procuraduría del Común demuestra que, en algunos casos, las dificultades existentes en el mercado inmobiliario hacen que la tenencia de segundos inmuebles, que no pueden ser enajenados ni destinados a la obtención de rendimiento alguno, no suponen más que una carga para sus titulares que, además, les impide el reconocimiento de la renta garantizada de ciudadanía.