El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido al Gobierno de Aragón que se plantee reducir la carga fiscal del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, aumentando las bonificaciones y exenciones fiscales para que sea menos gravoso, sin perjuicio de que también se dirija al Gobierno Central para que modifique la norma del Impuesto con el fin de garantizar idéntico tratamiento en todo el Estado.

La Sugerencia del Justicia cierra un detallado informe elaborado a instancias de 748 personas que presentaron queja ante la Institución en la que mostraban su disconformidad con la regulación vigente en Aragón del Impuesto sobre Sucesiones.

Fernando Garcí­a Vicente argumenta que a la mera existencia de un gravamen sobre las sucesiones por causa de muerte y donaciones, sin entrar en su contenido, no se le puede poner tacha ni de legalidad ni de inconstitucionalidad, porque está formulado dentro de las competencias compartidas que la Constitución reserva al Estado y a las Comunidades Autónomas.

Por otro lado, el Justicia sostiene que éste es un impuesto histórico y en recesión, base del sistema recaudatorio de otros tiempos, criticado por hacendistas en cuanto que no encaja bien dentro de un sistema impositivo moderno que tiende a gravar más los beneficios que se producen que la fuente de riqueza que los genera y que además recae sobre las clases medias.

El Informe continúa planteándose si el impuesto es compatible con el principio de igualdad recogido en la Constitución que prevé los mismos derechos y obligaciones para todos los españoles con independencia de su lugar de residencia, así como un sistema tributario justo, de acuerdo con la capacidad económica de las personas inspirado en los principios de igualdad y progresividad y, por lo tanto, sin excepciones por razón de domicilio o residencia fiscal.

En ese punto insiste el Justicia, por cuanto el principio de igualdad en materia tributaria no es una formulación retórica de la Constitución ni de la normativa europea, sino un principio general que informa todos los demás. De acuerdo con la jurisprudencia europea y española, la libertad normativa de las Comunidades autónomas, dentro de ámbito de sus competencias fiscales, no permitiría dejar sin efecto el principio de igualdad. “No parece que sea compatible con el principio de igualdad, por no ser objetivo ni razonable y expresamente contrario a lo establecido en el art 139.1 de la Constitución, que la residencia fiscal sea determinante a la hora de pagar este impuesto”, apunta el Justicia.

El Informe del Justicia insta a tener en cuenta que algunas de las Comunidades en las que hay notorias exenciones son vecinas, lo que provoca el que haya desplazamientos reales del domicilio fiscal para obtener un trato más favorable, produciendo un doble efecto perjudicial: pérdida de población y tributación en vida en otras comunidades. Otro aspecto que apunta el Informe, es que no se trata de un impuesto generalizado ni Europa ni en los países de la OCDE.

En referencia a las Administraciones, indica el Justicia que lo más fácil sería subir los impuestos igualando por arriba hasta llegar al que más paga y que paguen todos, pero insiste en que el Impuesto es un tributo en recesión, mal visto, en cuanto que grava las fuentes productoras de riqueza en lugar de los beneficios que éstas producen, por lo que sugiere que antes de subir los impuestos para aumentar la recaudación tributaria “lo primero es tratar de racionalizar y justificar el gasto y que paguen los que no pagan”

Fernando García Vicente hace notar que este Impuesto tiene un fuerte rechazo social-además de las 748 quejas presentadas, se recogieron 100.000 firmas- que no va dirigido a los grandes patrimonios, que pueden hacer una planificación fiscal, sino a la clase media que “ha ahorrado con privación, esfuerzo y sacrificio” pensando en poder vivir dignamente hasta el final de su vida, o en ayudar a sus hijos. A juicio del Justicia de Aragón, es fundamentalmente la clase media ahorradora y urbana la que está pagando este impuesto con sus ahorros, invertidos muchas veces en la compra de un piso, porque pese a que el valor de los inmuebles ha bajado, el de los valores catastrales ha aumentado de manera muy notable, con las consiguientes repercusiones en el impuesto de sucesiones.

García Vicente también se refiere a la mejora de la situación económica y al incremento general de la recaudación como datos que la Administración puede tener en cuenta a la hora de replantearse el cobro de este impuesto. El Justicia de Aragón lo expresa de la siguiente manera: “es verdad que este país ha pasado una etapa prolongada de crisis económica muy profunda, y que eso ha hecho que la actividad económica y con ello la recaudación disminuyera, pero según datos oficiales del Ministerio de Hacienda, en el primer semestre de este año la recaudación general de la Comunidad Aragonesa ha subido casi un 10% y la del impuesto de sucesiones casi el 25%.Es verdad, que con la crisis económica había necesidades perentorias que cumplir, porque nadie puede pasar hambre, todo el mundo tiene que tener vivienda digna y acceso a la educación y sanidad, pero afortunadamente, con el esfuerzo y sacrificio de muchos, la actividad económica está mejorando, aunque sea susceptible de mejorar; prueba de ello es que ha disminuido el número de personas sin empleo, de los que reclaman ayudas sociales. Por otra parte hay que tener en cuenta que si a lo largo de los años que ha durado la crisis los salarios han disminuido y se han aumentado los impuestos que gravan los bienes inmuebles, el impuesto sobre la renta de las personas físicas y sobre el patrimonio, los impuestos generados por plusvalías municipales sobre los carburantes, vertido, etc., se ha producido un auténtico recorte salarial y también fiscal que hay que empezar a corregir”.

Finalmente, el carácter estatal de este tributo, ha llevado al Justicia a remitir el Informe al Defensor del Pueblo.