Tras recibir varias reclamaciones sobre el tema, la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, ha pedido a la Comisión Europea que lleve a cabo una evaluación más exhaustiva del impacto sobre los derechos humanos del Acuerdo UE-Turquía.

Según el Acuerdo, cerrado en marzo de 2016, los solicitantes de asilo y migrantes que pasen de Turquía a Grecia y cuyas solicitudes hayan sido declaradas inadmisibles serán devueltos a Turquía; Turquía además tomará medidas para evitar que se abran nuevas rutas marítimas o terrestres de migración irregular.

La Defensora instó a la Comisión a incluir en sus futuros informes de progreso sobre la aplicación del Acuerdo – adoptado por el Consejo Europeo – una sección independiente centrada en los riesgos en materia de derechos humanos y en medidas destinadas a minimizar el impacto negativo sobre los mismos.

Emily O’Reilly afirmó: «Soy consciente del reto extremadamente difícil y de las realidades políticas