La valedora do pobo, Milagros Otero Parga, se dirigió al conselleiro de Política Social para interesarse por los tiempos medios de tramitación de las ayudas de emergencia social, en concreto de la Renda de Inclusión Social, RISGA. Este interés surgió después de que la defensoría haya tenido conocimiento de que los beneficiarios, toda vez que cumplen con los requisitos exigidos, tardan al menos 3 meses en empezar a cobrar.

La RISGA se ha convertido para muchas familias sin ingresos ni prestaciones, en su salvavidas y su última opción antes de caer en situaciones de exclusión y pobreza. Técnicos de servicios sociales de ayuntamientos de la comarca de O Salnés informaron estos últimos días de que las personas con pleno derecho a percibir la RISGA tardan en la actualidad un promedio de tres meses en cobrar la primera mensualidad.

Los trámites de las rentas de emergencia están protagonizados por la Xunta de Galicia y por los ayuntamientos. No es la primera vez que el Valedor do Pobo tiene conocimiento de la lentitud en la tramitación de la misma con esperas de más de 5 o 6 meses. Parte del problema, tal y como trasladan los técnicos de los servicios sociales, tiene que ver con la extrema rigidez en su tramitación. Los beneficiarios, por ejemplo, no pueden percibir pensiones, aunque sean cuantías inferiores a las de la propia RISGA. No se concede a personas inmigrantes sin papeles ni tampoco a quien convive en el domicilio familiar junto con sus progenitores.

Milagros Otero se dirige al conselleiro de Política Social con la idea de conocer de que manera se puede mejorar la tramitación de las rentas de inclusión. En concreto solicita información sobre los tiempos de espera para el cobro efectivo de las rentas y también sobre las medidas de emergencia que tanto la administración autonómica como municipal tiene previstas en ese plazo de espera. La defensora aprovecha la comunicación para poder conocer la situación de las personas que cobran pensiones o sueldos mínimos por debajo de la RISGA, de las que conviven en la vivienda familiar y de los inmigrantes sin papeles.

La mayoría de las quejas tramitadas en los últimos años por el área de servicios sociales del Valedor do Pobo se refirieron a situaciones de exclusión o riesgo de exclusión social. Tal y como recoge el último informe ordinario de la institución correspondiente al año 2016, “las quejas por exclusión social o riesgo de caer en ella requieren una respuesta inmediata si no se tramitan”. Esta urgencia es la que lleva a la valedoría a actuar en esta ocasión, a pesar de que en el pasado ejercicio se detectó un descenso en la entrada de quejas fundadas en estos retrasos.