El 30 de enero de 2018 el Síndic emitió un comunicado manifestando que la interlocutoria del Tribunal Constitucional del 27 de enero exigía una condición al candidato a la presidencia de la Generalitat (el hecho de pedir una autorización judicial) desconocida en el ordenamiento jurídico vigente y que, como condición sobrevenida para ser investido, vulneraba sus derechos como diputado.

También afirmaba que toda la ciudadanía de Cataluña veía alterado su derecho de participación política y consideraba que existían motivos fundamentados para que las personas directamente lesionadas en sus derechos se plantearan interponer las demandas correspondientes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), a quien podrían solicitar, en su caso, medidas cautelares en virtud del artículo 39 del Reglamento del propio TEDH.

En los últimos días, el Síndic ha recibido más de 20.000 comunicaciones solicitando su amparo y que, en nombre de cada persona, presente demanda ante el TEDH instando las medidas cautelares mencionadas.

El Síndic remitirá al comisario europeo de Derechos Humanos la expresión de estas miles de quejas ciudadanas para que tenga conocimiento de las mismas. No obstante, la legitimación para interponer demandas ante el TEDH por lesión de los derechos establecidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos corresponde únicamente al candidato Carles Puigdemont y a las personas que puedan haber visto directamente lesionados sus derechos fundamentales.

En todo caso, el Síndic continuará elevando a instancias europeas no jurisdiccionales, como es el comisario europeo de Derechos Humanos, todos los informes y comunicaciones que le lleguen sobre estos hechos.