El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha comparecido este miércoles 7 de noviembre de 2018 en el Pleno del Parlamento de Cataluña para debatir el informe La vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas con ocasión de la reacción penal al 1-O y la aplicación del artículo 155 CE.

En el marco de la presentación en la cámara del informe hecho público el pasado mes de mayo sobre los efectos de la aplicación del artículo 155 y la persecución judicial derivada del 1-O, el síndic ha efectuado un repaso de las actuaciones de oficio y quejas investigadas durante el último año relacionadas con esta materia. Rafael Ribó ha considerado graves las vulneraciones de derechos que se han venido produciendo en nombre de la inviolabilidad de la unidad de España y ha recordado que el Estado dispone de instrumentos legales eficaces para dar una respuesta ante posibles infracciones del ordenamiento jurídico, sin necesidad de recurrir al Código Penal. En este sentido, el síndic ha considerado desmesurada la respuesta del Estado español a la celebración del referéndum del 1 de octubre del año 2017,

Un año después de los hechos descritos en el informe, la actuación de los tres poderes del Estado se ha caracterizado por la aplicación de medidas excepcionales que han limitado, vulnerado e, incluso, criminalizado el ejercicio de derechos y libertades fundamentales, especialmente la libertad de expresión. Así mismo, la restricción de la libertad personal de diversos dirigentes políticos y sociales por la vía de un uso abusivo y desproporcionado de la medida cautelar de privación de libertad constituye quizá la vulneración más flagrante de derechos fundamentales que se ha producido.

El informe también aborda la disolución por medio del artículo 155 CE del Parlamento y la destitución de más de 250 altos cargos del Govern, y concluye que se ha afectado de manera directa al derecho de participación política que reconoce el artículo 23 CE, en un doble sentido: por un lado, resulta afectado el derecho de los altos cargos públicos destituidos y el de los representantes cesados forzosamente por la disolución anticipada del Parlamento; y, por el otro, también resulta afectado el derecho de participación política de la ciudadanía, en general, en la medida que los representantes que han elegido no han podido ejercer su función por el tiempo por el que fueron elegidos.

El derecho de participación política del artículo 23 CE también se ve afectado por los actos que, tras las elecciones celebradas el día 21 de diciembre de 2017, impiden sin base legal que personas que han sido elegidas como diputadas al Parlamento de Cataluña y que están en posesión de sus derechos políticos puedan ser candidatas a la presidencia de la Generalitat.

Los ataques o regresiones a la libertad no se circunscriben a las expresiones o manifestaciones de carácter independentista en Cataluña, sino que tienen un alcance más amplio y se están aplicando a diferentes formas de protesta y disidencia.

El informe alerta de que en el marco de los procesos penales que se siguen en diferentes instancias jurisdiccionales por causas derivadas de la consulta del 1 de octubre y la declaración del 27 de octubre las posibles afectaciones a derechos fundamentales resultan muy preocupantes. Una de las más notables es el que hace referencia al principio de legalidad penal, cuando se formulan acusaciones desproporcionadas, basadas en unos hechos manifiestamente distorsionados, sin la inseparable previsión legal típica. Esta vulneración del principio de legalidad penal en la instrucción de delitos como la rebelión, sedición, terrorismo u organización criminal, entre otros, parece buscar castigos ejemplarizantes y un efecto disuasorio de determinadas posiciones políticas en el futuro.

Así mismo, desde el punto de vista procesal, también son graves las posibles vulneraciones del derecho de defensa, así como las manifestaciones públicas que se han producido a lo largo de los últimos tiempos y que ponen en cuestión la necesaria imparcialidad judicial.

Finalmente, en diversas ocasiones durante el período sobre el que trata el informe, y en especial durante la jornada del primero de octubre de 2017, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía actuaron de manera desproporcionada, y provocaron un daño superior al mal que supuestamente querían evitar. Especialmente preocupante e inaceptable fue el uso de pelotas de goma.