El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón concederá una pensión no contributiva a una mujer para aliviar la situación de desamparo del matrimonio, que ha dejado de recibir la pensión por jubilación del Estado de Venezuela donde el marido trabajó y cotizó durante 40 años.
Las pensiones no contributivas, aseguran a todos los ciudadanos, en situación de jubilación o invalidez y en estado de necesidad, una prestación económica, asistencia médico farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no hayan cotizado lo hayan hecho de forma insuficiente. Se trata de prestaciones de la Seguridad Social reguladas en normativa estatal, cuya gestión y reconocimiento está transferido a las Comunidades Autónomas.

En el caso que nos ocupa, la cotización del marido en Venezuela y el hecho de que la mujer estuviera a su cargo impedían que ella pudiera acogerse a otro tipo de ayuda, aún a pesar de no estar recibiendo la pensión de Venezuela y en consecuencia de carecer de recursos para subsistir.

Tras la mediación del Justicia de Aragón, que pidió al Departamento de Derechos Sociales que hiciera una interpretación favorable de la normativa, éste ha aceptado conceder la pensión no contributiva teniendo en cuenta los ingresos reales del matrimonio.

La queja al Justicia de Aragón no se trata de un supuesto aislado, sino que afecta a un número relevante de personas que tras haber trabajado tiempo suficiente en Venezuela para generar una pensión de jubilación, se han visto irremediablemente obligadas a recurrir a los Servicios Sociales para poder afrontar sus necesidades básicas ante la falta de cumplimiento por parte del Estado venezolano. Así se ha constatado en Asturias, País Vasco y Galicia, sobre todo.


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