El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha abierto un expediente de oficio con el objetivo de contribuir a buscar una solución que permita la reapertura del Economato Social de la Fundación Cruz Blanca, en Huesca, que se ha visto obligado a cerrar sus puertas ante la falta de subvenciones.

Hasta el momento, esta iniciativa se financiaba con cargo al 0,7% del IRPF destinado a actividades de interés social, que distribuía directamente la Administración General del Estado entre las entidades de carácter social que concurrían a la convocatoria correspondiente. Una sentencia del Tribunal Constitucional del 2017 negó al Estado la competencia para gestionar estas cantidades, lo que se ha traducido en la reducción de la subvención anual que recibía Cruz Blanca y en los recortes en sus distintos programas de inserción social y laboral, entre ellos, el cierre del Economato.

Este proyecto arrancó hace tres años, empujado por las graves consecuencias de la crisis económica, para proveer de lo más necesario, en cuanto a alimentación, higiene y limpieza, a personas y familias con escasos recursos, al tiempo que se favorecía su autonomía.

Entiende el Justicia de Aragón, que los problemas jurídicos y competenciales no pueden poner en peligro el sistema de asignación de fondos para fines sociales, lo que supondría un retroceso en la respuesta de la Administración para hacer frente a la exclusión social y a la vulnerabilidad.

Por ello, Fernando García Vicente se ha dirigido a la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, a la Administración Autonómica y al Ayuntamiento de Huesca con el fin recabar información y empujar una solución coordinada. El objetivo último ha de ser encontrar la fórmula para compensar la pérdida de las ayudas económicas a la Fundación Cruz Blanca, garantizando la continuidad del Economato