La Xunta de Galicia aceptó una sugerencia de la valedoría que permitirá el pleno reconocimiento de sus derechos como discapacitadas a las personas que tienen reconocida incapacidad laboral por la Seguridad Social.

La valedoría está satisfecha por poder dar respuesta a una vieja demanda de los ciudadanos declarados incapaces laborales por la Seguridad Social al verse privados de poder acreditar su discapacidad, a pesar de que la equiparación legal es una realidad desde hace tiempo. Algunas administraciones, especialmente provinciales, condicionaban su acceso a determinados beneficios fiscales (como la exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica- IVTM) al no disponer de un documento autonómico válido ante todas las administraciones que les reconociese un grado de discapacidad mínimo del 33%, aunque la normativa reguladora dé por buenos los expedidos por la Seguridad Social. La Xunta de Galicia, por medio de la Consellería de Política Social, ha aceptado una sugerencia emitida por la valedoría al respecto. Independientemente de la valoración obtenida, reconocerá la equiparación y concederá un certificado que garantice los derechos de las personas con discapacidad por equiparación ante todas las administraciones.

Con estas medidas, resultarán beneficiadas las personas que pidan la valoración de su discapacidad ante la Xunta de Galicia teniendo reconocida, por parte de la Seguridad Social, la incapacidad laboral permanente en los grados de total, absoluta o gran invalidez, y las clases pasivas que perciben pensión de jubilación o por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

La resolución de su procedimiento de discapacidad, que emitirá Política Social, se adaptará de este modo a la regulación estatal (Real Decreto Legislativo 1/2013). Independientemente de que la valoración obtenida pueda ser inferior, este departamento igualará el grado de discapacidad de las personas con incapacidad laboral al 33%. Además emitirá un certificado acreditativo del grado, válido a todos los efectos ante las diferentes administraciones.

El espíritu de la medida no es otro que garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y de las personas declaradas incapaces para el ejercicio laboral y evitar la discriminación entre ellas contribuyendo a fomentar medidas de acción positivas para compensar las desventajas.

No es la primera vez que la institución del Valedor do Pobo desarrolla actuaciones de este tipo. Aunque la equiparación de estos dos colectivos (discapacitados e incapacitados laborales) ya se hizo efectiva en las principales figuras tributarias (IRPF, impuesto de sociedades, IVA…), algunas diputaciones que gestionan tributos locales por delegación eran aún reticentes a aceptar como documentos acreditativos los emitidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Desde el año 2014 a valedoría ha trabajado para que las administraciones reacias aplicaran esta equiparación algo que, con el compromiso obtenido ahora de la administración autonómica, será una realidad.