La síndica firma un convenio de colaboración con la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos
 

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, ha firmado esta mañana un convenio de colaboración con la presidenta la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, Inmaculada Clarà, con la voluntad de fortalecer la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Cataluña.

La Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para propiciar cambios en las políticas públicas y las prácticas de la Administración que permitan alcanzar una garantía efectiva de los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía.

Estos derechos tienen por finalidad que todas las personas puedan vivir de forma libre y satisfactoria su vida sexual y reproductiva, sin discriminaciones, riesgos, amenazas, coacciones y violencias. En este contexto, la síndica considera que es necesario un cambio en las estructuras y prácticas culturales, sociales y políticas que garantice que esto sea una realidad.

El convenio recoge que ambas instituciones se comprometen a trabajar coordinadamente y a mantener una comunicación fluida en los casos concretos de los que tengan conocimiento, generando sinergias que faciliten la garantía de los derechos de las personas en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos. Además, manifiesta también la voluntad de plantear conjuntamente mejoras en las políticas públicas relacionadas con este ámbito.

Para hacer efectivo el convenio se ha creado una comisión de seguimiento, que tendrá como principal función la evaluación de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la colaboración entre ambas instituciones.

Este convenio se enmarca en el contexto de la nueva Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada a principios de año, que refuerza los mecanismos de reclamación y defensa de la ciudadanía y destaca el papel de las instituciones de defensa de derechos como receptoras de las quejas de las personas.

Al mismo tiempo, la síndica ha mostrado reiteradamente su voluntad de trabajar de forma conjunta con las entidades sociales que están en primera línea y que, por tanto, conocen de primera mano la realidad y las necesidades de los ciudadanos.