Las familias se han dirigido a la institución para pedir que se garantice su derecho a la vivienda

La síndica ha hablado en dos ocasiones con la alcaldesa para conocer la situación actual y trasladarle las recomendaciones de la institución

La síndica de greuges, Esther Gimenez-Salinas, ha trasladado esta mañana a la alcaldesa de Esplugues de Llobregat y a la Generalitat de Cataluña la petición de que las administraciones actúen con la máxima diligencia para atender a las personas que habitaban en el bloque afectado, llamado El Barco. También ha pedido que los recursos residenciales de urgencia sean próximos a la zona de residencia actual, que garanticen que se mantienen los núcleos convivenciales existentes y que sean estables hasta que se asignen definitivamente las nuevas viviendas.

Giménez-Salinas recuerda que el bloque, propiedad del Ayuntamiento, había sido expropiado y que los inquilinos estaban pendientes de que se les asignara una nueva vivienda, de acuerdo con la legislación vigente. La síndica pide que el informe técnico que ha llevado a declarar el edificio en situación de riesgo de colapso y al desalojo forzoso de los inquilinos no modifique en ningún caso el derecho de los vecinos a disfrutar de una nueva vivienda en sustitución de la actual, fruto del proceso de expropiación.

Por último, la síndica ha solicitado a la Generalitat de Cataluña que colabore activamente con el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat para asegurar que puedan ofrecerse los recursos residenciales de urgencia adecuados para que las personas afectadas –entre ellas varios menores– puedan reanudar lo antes posible su vida con la mínima afectación y no se produzca una victimización secundaria de estos menores. De ahí que la petición de que este recurso de urgencia sea próximo al bloque afectado es tan importante.

El pasado lunes, el Ayuntamiento de Esplugues comunicó a las 38 familias que vivían en el edificio que debían abandonarlo inmediatamente, ya que algunos informes técnicos apuntaban a patologías estructurales en el edificio que suponían un riesgo para su seguridad. El edificio es propiedad del Ayuntamiento desde hace aproximadamente un año, cuando lo expropió a un particular por encontrarse en unos terrenos calificados como zona verde en el Plan general metropolitano.

Desde el lunes, varias familias se han dirigido a la institución del Síndic de Greuges para pedir que se garantice su derecho a la vivienda. La síndica ha hablado en varias ocasiones con la alcaldesa del municipio para conocer la situación actual y las medidas que se toman desde las administraciones para atender las necesidades de estas familias, y para trasladarle las recomendaciones de la institución.

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