Renfe no garantiza el derecho a la movilidad a cientos de miles de personas

Los costes económicos, emocionales y de bienestar personal son injustificados, y son necesarias medidas excepcionales para revertir la situación
 

La institución del Síndic de Greuges ha abierto una actuación de oficio a raíz de la afectación generalizada en el servicio de Cercanías del 12 de mayo por el robo de cobre.

Este acto vandálico, ocurrido en Montcada Bifurcació durante la madrugada del sábado al domingo, provocó una sobretensión en la red que afectó de forma generalizada al servicio de Cercanías: la mayoría de trenes no pudieron llegar ni salir de Barcelona, lo que dificultó notablemente la movilidad de muchísimas personas. En estos momentos se prevé un período largo de tiempo hasta que se pueda normalizar el servicio.

En el marco de esta actuación de oficio, la síndica ha dirigido una petición de información al Departamento de Territorio para que explique las medidas previstas para garantizar los derechos de las personas usuarias a la asistencia, la información y la calidad del servicio mientras duren estas afectaciones; qué servicios alternativos de transporte se van a implementar, y cuál es la fecha prevista para recuperar la normalidad.

También se ha dirigido al Departamento de Interior para conocer las medidas que se han implementado y las que están previstas para evitar los robos de cobre en el futuro.

El Síndic de Greuges recuerda que en el Informe sobre los derechos de las personas en los servicios ferroviarios en Cataluña, de 2016, ya se remarcaba que el Código de consumo de Cataluña considera que los transportes son un servicio básico, es decir, un servicio de carácter esencial y necesario para la vida cotidiana o que tiene un uso generalizado entre las personas. Sin embargo, las frecuentes incidencias de Cercanías y Regionales hacen que el transporte público ferroviario no sea suficientemente fiable y que el servicio pierda calidad. El informe también incluía setenta y cinco medidas para garantizar un servicio de calidad.

En paralelo, la institución recuerda que los consumidores tienen derecho a la protección de su salud y seguridad, a la protección de sus intereses económicos y sociales y, obviamente, a la indemnización y reparación de los daños sufridos y a su protección jurídica, administrativa y técnica.