El autor de los hechos volvió rápidamente al trabajo, a pesar de haber cometido una falta grave y tener una sanción pendiente de cumplir

4.000 internos vieron afectados sus derechos a raíz de los bloqueos en los accesos a los centros penitenciarios

El pasado mes de marzo un interno del Centro Penitenciario Mas d'Enric, que realizaba funciones de auxiliar de cocina, mató con un cuchillo a Núria, una cocinera del centro, y a continuación se suicidó.

En señal de protesta e indignación, numerosos trabajadores penitenciarios protagonizaron bloqueos en los accesos a los centros penitenciarios de Cataluña que provocaron afectaciones al funcionamiento habitual de los centros. Ante estos hechos, organizaciones sociales de protección de derechos humanos, abogados y familiares de personas privadas de libertad se dirigieron a la institución del Síndic de Greuges para denunciar las afectaciones que sufrían los internos como consecuencia de este bloqueo.

La institución ha estudiado ambos temas y hoy ha emitido su resolución.

En el caso de la muerte de la cocinera, la síndica alerta de una actitud laxa por parte del Departamento de Justicia en relación con el retorno del autor de los hechos a su puesto de trabajo, tal y como demuestran los siguientes hechos:

En primer lugar, el autor de la muerte de la cocinera estaba pendiente de cumplir una sanción disciplinaria por un puñetazo que propició a un compañero de módulo, consistente en once días de aislamiento en una celda.

En segundo lugar, esta agresión supuso inicialmente la extinción de la relación laboral del interno con la cocina del centro, pero la Junta de Tratamiento consideró la falta cometida como un hecho aislado y le permitió reincorporarse al puesto de trabajo sin pasar por una lista de espera como se hace habitualmente.

En tercer lugar, a pesar de que no se podía saber que el interno cometería un nuevo delito, su perfil y su falta de voluntad para adherirse a los tratamientos propuestos relacionados con el delito cometido anteriormente (había sido condenado por haber matado a otra mujer) deberían haber puesto en alerta a la Administración, que debería haber emprendido acciones para minimizar los riesgos dentro del centro.

Como criterio general, la síndica considera que cuando se hace la valoración para que un interno acceda a un puesto de trabajo, la Administración debería tener en cuenta todas las variables que tienen que ver con la evolución del tratamiento, el delito por el que cumple condena, los resultados del RisCanvi y los incidentes violentos que haya protagonizado.

En cuanto a las afectaciones por los bloqueos en los centros penitenciarios, la institución concluye que efectivamente más de 4.000 internos vivieron un confinamiento forzoso que afectó su rutina diaria y sus derechos y libertades fundamentales, incluidos el derecho de defensa y el derecho a comunicar con sus familias. Sin embargo, la síndica quiere poner en valor que, en este caso, la Administración respondió con todos los medios que tenía a su alcance para abordar la situación, buscando el diálogo con los colectivos que ejercían la protesta, y para minimizar las afectaciones a los internos.