Desde el año 2021, una empresa ocupa y utiliza una zona de dominio público y desarrolla actividades incompatibles con la conservación del medio ambiente
 

Entidades ecologistas de L’Empordà denunciaron a la institución del Síndic de Greuges la inactividad de la Administración ante una empresa que desarrolla actividades económicas sin autorización administrativa en la Gola del Fluvià. Se trata de una zona protegida y no urbanizable de la Red Natura 2000, y está ubicada en el corazón del parque natural de Aiguamolls de L'Empordà.

La zona tiene la clasificación de suelo no urbanizable de especial protección desde el año 2003, y forma parte del dominio público hidráulico y del dominio público marítimo-terrestre. Tiene un gran valor ecológico, biológico y ambiental, y es clave en el mantenimiento de la Gola del Fluvià y de las reservas del parque natural.

Sin embargo, en 2021 el propietario del terreno empezó a utilizarlo con fines empresariales: instaló chiringuitos y un aparcamiento para caravanas, y empezó a ofrecer actividades como alquiler de motos de agua o de kayaks sin disponer de las autorizaciones administrativas necesarias.

A raíz de las quejas recibidas, el equipo de la síndica se ha desplazado en dos ocasiones a la zona afectada y ha constatado que:

• Se ha llevado a cabo una ocupación del espacio y se han organizado unas actividades que son incompatibles con el régimen jurídico del suelo, el espacio natural y los valores y requerimientos de la Red Natura 2000.

• Se ha ocupado y utilizado el dominio público sin el título administrativo correspondiente, y se han instalado construcciones no autorizadas en zonas protegidas.

• Se han ocupado y utilizado sin permiso parcelas propiedad del Ayuntamiento de Sant Pere Pescador y de la Generalitat de Cataluña.

• Se ha cerrado el camino del Joncar, de uso público, y se impide el acceso a la Gola del Fluvià.

La síndica considera imprescindible restaurar la realidad medioambiental de esta zona y proteger y recuperar el patrimonio público. Por este motivo pide a las administraciones implicadas –el Ayuntamiento de Sant Pere Pescador y el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica– que lleven a cabo todas las actuaciones necesarias para poner fin a esta conducta abusiva de ocupación y utilización del dominio público. También les pide que hagan cesar las actividades y los servicios que se prestan actualmente en la zona y que hagan retirar las construcciones e instalaciones actuales, dado que resultan incompatibles con el régimen urbanístico del suelo y con la protección del medio ambiente.