Debate en la Comisión del Síndic de los informes Las cartas de servicio en Cataluña y La retirada del amianto en Cataluña
 

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, y el adjunto general, Jaume Saura, han comparecido este lunes ante la Comisión del Síndic del Parlamento de Cataluña para debatir los informes Las cartas de servicio en Cataluña y La retirada del amianto en Cataluña.

La sesión ha comenzado con la presentación del informe sobre el amianto, a cargo de la síndica, quien ha denunciado que la presencia de amianto en nuestro entorno es un grave problema laboral, ambiental y de salud pública.

El amianto se utilizó ampliamente en la industria de la construcción entre los años sesenta y ochenta del siglo pasado. Se trata de un material que se deteriora con los años y, con el paso del tiempo, aumenta el riesgo de que desprenda fibras peligrosas.

La Unión Europea adoptó el compromiso de retirar el amianto de los edificios públicos antes de 2028 y del resto del territorio antes de finales de 2032. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el Estado español la normativa relevante relacionada con la retirada del amianto está repartida entre diferentes fuentes normativas (legislación sobre riesgos laborales, residuos, urbanismo, salud pública, etc.).

En este marco complejo, el Congreso de los Diputados incluyó una disposición adicional, la decimocuarta, en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que trasladaba a los ayuntamientos la obligación de elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, así como un calendario de retirada. El plazo para ello finalizó en abril de 2023 sin que ningún municipio presentara ni el censo ni el calendario. La institución del Síndic de Greuges defiende que es necesario disponer de un marco normativo claro y exhaustivo que facilite la retirada del amianto, más allá de esta disposición adicional.

En Cataluña se está haciendo un esfuerzo importante y se elaboró ​​un proyecto de ley, pionero en el Estado español, que decayó con la última convocatoria electoral. Finalmente, se ha retomado su tramitación: el pasado 3 de diciembre el Gobierno de la Generalitat aprobó el proyecto de ley y, el 10 de diciembre, la Mesa del Parlamento lo admitió a trámite. En este contexto, la síndica ha pedido a los diputados que trabajen por un consenso político que permita agilizar al máximo posible la tramitación de este proyecto: "Es imprescindible disponer de un marco jurídico adecuado y eficaz para lograr el gran reto de retirar el amianto de nuestras vidas." 

A continuación, se ha presentado el informe que evalúa el grado de implementación de las cartas de servicio en Cataluña, a cargo del adjunto general. La normativa impone a las administraciones catalanas el deber de disponer de cartas de servicio de todos los servicios finalistas que prestan, y también regula el contenido y las condiciones en las que deben cumplirse los estándares de calidad que contienen. A partir del análisis realizado, el informe concluye que solo el 12 % de las administraciones catalanas cuentan con una carta de servicio, a pesar de que se trata de un documento obligatorio que contribuye a mejorar la interrelación entre la Administración y la ciudadanía. Por este motivo, el adjunto general ha recordado a las administraciones que deben impulsarlas.

Las cifras también indican que las cartas de servicio son mucho más habituales en municipios grandes que en pequeños, por lo que el adjunto general pide una mayor colaboración interadministrativa y un sistema de gestión de la calidad o cartas de servicio menos exigentes para las administraciones de tamaño pequeño.

En cuanto al contenido de las cartas, cabe destacar que solo el 21,3 % recoge la información exigida por la normativa. En este sentido, el adjunto general ha solicitado que las cartas incorporen medidas de reparación en caso de incumplimiento de los compromisos, ya que solo el 37 % las incluyen.