Lo ocurrido en la ciudad autónoma de Ceuta implica la necesidad de abordar la situación de cientos de personas, muchas de ellas menores, que esperan alguna respuesta a su situación. Es imprescindible hablar con ellos, escucharlos y no limitarse a contemplar su deambular, porque escuchar y decir forman parte del hacer. Es cuestión de aplicar la legalidad, que incluye la ayuda de intérpretes y de abogados para determinar su condición y obrar en consecuencia. 

Ha de reconocerse la solidaridad de los ceutíes y de organizaciones, asociaciones y entidades, y proceder a la distribución de las personas menores con la colaboración de las comunidades autónomas. La vertiente geopolítica y la política exterior han de priorizar la dimensión de esta emergencia humanitaria, y se ha de reconocer lo que supone este carácter fronterizo para España y para Europa. 

En el informe del Defensor del Pueblo “Niñas y niños extranjeros en España solos o acompañados”, registrado en las Cortes Generales, en mayo de 2025, se hacen una serie de propuestas con conclusiones y recomendaciones explícitas al respecto. 

Mostramos nuestra solidaridad asimismo con la ciudad autónoma de Ceuta, a la que no se le puede pedir una acogida de tantas personas menores, lejos de todo cálculo posible. Y celebrar cualquier acción y cualquier política que propicien la convivencia. Y es imprescindible tratar de dar la máxima información sobre los fallecidos, con humanidad para sus familias, y expresar nuestro pésame como país dolorido por la tragedia ocurrida. Son cuestiones en las que se ven concernidos los derechos humanos.