Ha aceptado revisar la documentación que debían entregar los autónomos, ya que en algunos casos no era exigible

El Síndic de Greuges de Cataluña celebra que el Departamento de Justicia y Calidad Democrática haya aceptado la sugerencia de revisar la documentación exigida a los trabajadores autónomos que soliciten el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

La institución había recibido varias quejas de personas que trabajan por cuenta propia a las que se les había denegado el acceso a la justicia gratuita por no poder aportar las tres últimas declaraciones trimestrales del IRPF, un requisito que, según la normativa tributaria vigente, no les era exigible.

En concreto, la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas establece que determinados profesionales —aquellos cuyos ingresos están mayoritariamente sujetos a retención o los que desarrollan actividades agrícolas, ganaderas o forestales— no están obligados a realizar pagos fraccionados. Sin embargo, no aportar esta documentación había comportado, en algunos casos, la denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita. El Síndic de Greuges consideró que esta práctica vulneraba el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de la Constitución española, y que suponía un obstáculo injustificado para acceder a la justicia en condiciones de igualdad.

A raíz de la intervención del Síndic de Greuges, el Departamento de Justicia y Calidad Democrática ha admitido la necesidad de revisar y adecuar la documentación requerida y ha aceptado sustituir estos comprobantes por otros (como el certificado de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF o el informe actualizado de las bases de cotización de la Seguridad Social) en los casos en que no sean exigibles.

El Síndic de Greuges valora positivamente esta respuesta, ya que contribuye a garantizar un acceso real y efectivo a la justicia, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad económica. Además, recuerda que la justicia gratuita es un instrumento esencial para garantizar la igualdad de derechos de toda la ciudadanía. Sin embargo, realizará un seguimiento de la cuestión para garantizar que este compromiso se cumpla en un plazo razonable.