Acuden al Diputado del Común para trasladar la recepción de un aviso de desahucio a 50 familias que tenían un contrato de alquiler con el anterior propietario del edificio y no han conseguido regularizar si situación con la empresa pública Visocan, la actual propietaria

Otras 43 familias no disponían de contrato de alquiler pero exponen que se encuentran en situación de vulnerabilidad y quiere regularizar su situación

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió con representantes de 93 familias afectadas que se enfrentan a desahucios inminentes en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, tras habérseles notificado que debían abandonar sus viviendas en febrero de 2024. Denuncian que Visocan les impide regularizar sus contratos de alquiler. En la reunión también estuvo presente la asesora de la Diputación del Común, Amanda Armas.

La representante de las familias que contaban con un contrato de alquiler con el anterior propietario, Yurena Rodríguez, expone que tras recibir el aviso de desahucio se les ofreció  posibilidad de regularizar un nuevo contrato de alquiler y gestionar las deudas pendientes de algunos vecinos, pero Visocan se niega a llegar a un acuerdo.

Como portavoz de las familias vulnerables que no disponían de un contrato formalizado a fecha de 2019, Raquel García, denuncia que cuando comenzó el proceso de desahucio se les emplazó a entregar documentación a una ONG que actuaría de mediadora pero, a día de hoy, continúan sin haber regularizado su situación.

Las representantes de estos colectivos trasladaron al Diputado del Común su preocupación ante la situación  de vulnerabilidad en la que se encuentran estas familias, que no disponen de ninguna alternativa habitacional.

El Diputado del Común afirmó que se dirigirá al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para conocer qué ayudas al alquiler se han comprometido a aportar para los vecinos que tienen contrato, y Visocan para conocer su disposición a formalizar un nuevo contrato de alquiler a partir de febrero. Además, se comunicará con Visocan para hacer un seguimiento personalizado de cada uno de los casos de las familias que no disponen de un contrato.