La institución Defensor del Pueblo ha elevado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la recomendación para que se modifique la Ley General de la Seguridad Social, de modo que las subvenciones y ayudas destinadas a rehabilitación, mantenimiento o mejora de la vivienda habitual, que reciben particulares o comunidades de propietarios, no computen a efectos del límite de ingresos que se exige para la percepción del complemento a pensiones mínimas contributivas (jubilación, viudedad), así como otras prestaciones de Seguridad Social de naturaleza asistencial o no contributiva.

El Defensor del Pueblo también ha recomendado que, mientras se produce la pertinente reforma legislativa, se tengan ya en cuenta los recientes pronunciamientos de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que coinciden con el criterio mantenido por el Defensor del Pueblo, para evitar perjuicios a los pensionistas. Y que se especifique que, en el supuesto de que se hubiera experimentado un incremento patrimonial por la concesión de las subvenciones o ayudas públicas para el fin descrito, ese incremento se excluya del cómputo de rentas del pensionista.

La institución ha preguntado, asimismo, al Instituto Nacional de Seguridad Social sobre la posibilidad de impartir instrucciones a sus direcciones provinciales para que revisen de oficio los actos administrativos no prescritos y contrarios a la reciente jurisprudencia.

Con estas recomendaciones se pretende evitar que la pérdida del complemento aboque a los pensionistas más vulnerables a una mayor precariedad por recibir ayudas destinadas a la rehabilitación de su vivienda habitual. La institución confía en que el cambio legislativo propuesto aclare definitivamente ese problema que viene incidiendo en los pensionistas con bajo nivel de rentas.

El Defensor del Pueblo, al mismo tiempo, ha iniciado actuaciones con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para solicitar información sobre casos concretos de pensionistas afectados de diferentes puntos de España. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinales de Madrid hizo llegar recientemente quejas sobre esta situación procedentes de vecinos del madrileño distrito de Usera.

En los últimos años, el Defensor del Pueblo ha venido estudiando este asunto y ya formuló recomendaciones, a finales de 2023, a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones.