En 2025 el Ararteko inició un cambio para mejorar su modo de organizar la atención a la ciudadanía, mediante un modelo de atención ciudadana en tres niveles (atención o consulta inicial; orientación ciudadana; y asesoría/tramitación especializada). Este modelo asegura el acompañamiento personalizado y cercano a la ciudadanía que acude al Ararteko y a sus oficinas de atención directa -un acompañamiento siempre necesario, especialmente en contextos de vulnerabilidad y complejidad administrativa-, ofreciendo una respuesta progresiva, coherente y multicanal, adaptada a las particularidades de cada caso, que permite, además, una categorización más precisa de la actividad que desarrolla la institución. 

Es importante tener en cuenta este cambio, pues, al cambiar la metodología, muchos de los indicadores que seguidamente se reseñan no son comparables de manera automática con los de años anteriores. 

Partiendo de esa metodología se registraron un total de 16.637 actuaciones:

•    13.008 actuaciones en los dos primeros niveles: atención o consulta inicial (8.643) y orientación ciudadana (4.365).
•    3.617 expedientes de asesoría sobre quejas y consultas (nivel 3), que son los asuntos que requieren contraste con la administración y un examen jurídico más profundo.
•    12 actuaciones por iniciativa propia (expedientes de oficio, visitas y seguimiento del cumplimiento de recomendaciones).

En 2025 el porcentaje de actuaciones administrativas calificadas como incorrectas fue del 55,27%, lo que significa que, en el resto de los supuestos, el Ararteko no pudo identificar irregularidades en la actuación administrativa sometida a su consideración, aunque, en muchos de esos casos, la institución intervino orientando a la ciudadanía para el mejor ejercicio de sus derechos. 

En el 93,12% de aquellos casos en los que se detectó una posible actuación administrativa incorrecta, la administración actuó para corregir o mejorar la situación planteada. En la gran mayoría de esos supuestos, la corrección se produjo durante la propia tramitación del expediente, sin necesidad de hacer una recomendación formal. Además, el tiempo medio de duración de la tramitación de un expediente en el Ararteko se mantuvo por debajo de 66 días. 

A estos datos se suma una encuesta de satisfacción que confirma una valoración mayoritariamente positiva de la ciudadanía: más del 70% valora la atención como buena o muy buena; por encima del 63% valora de manera positiva o muy positiva la intervención global; y el 80% afirma que recomendaría acudir al Ararteko. 

Estos datos ponen de relieve la importancia de la magistratura de persuasión que ejerce esta institución, que -pese a no estar dotada de poderes coercitivos- logra un alto nivel de eficacia mediante la fuerza de los argumentos y la capacidad de convencer. 

En 2025, el Gobierno Vasco concentró el mayor número de expedientes, con un 50,85% respecto al total. Le siguió la Administración local, con el 37,47%; las administraciones forales, con el 9,10%; y los organismos públicos, con el 2,44%. Los datos sobre las administraciones afectadas pueden servir como radiografía que refleja la interacción entre la ciudadanía y las administraciones públicas, de modo que resulta coherente que aquellas administraciones que tienden a incidir en mayor medida en la vida diaria de las personas sean las que más reclamaciones suscitan entre la ciudadanía. 

La distribución por materias atendiendo al sexo de las personas reclamantes refleja diferencias relevantes: las mujeres (49,74%) aparecen con mayor intensidad en ámbitos ligados al cuidado y al sostenimiento de la vida cotidiana —como la educación, la vivienda y las prestaciones económicas para la inclusión social—, mientras que los hombres (45,98%) predominan en materias como la seguridad, la hacienda o el trabajo y la seguridad social. 

En cuanto a los asuntos abordados, el 44,48% de los expedientes corresponden al ámbito del Estado social y del bienestar. Destacan los asuntos relativos a las prestaciones económicas para la inclusión social (13,89%), el ámbito de la salud (10,56%) y el ámbito educativo (7,62%). La vivienda (6,58%) se consolida como preocupación estructural en la sociedad vasca, con impacto sobre otros derechos. 

Una parte importante de estas reclamaciones se relaciona con las barreras o dificultades en el acceso a derechos económicos y sociales básicos. La complejidad procedimental de la función prestacional de la administración y las demoras en las gestiones tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las personas. 

En el ámbito ambiental las quejas ciudadanas ponen de manifiesto problemas de falta de respuesta administrativa expresa y en plazo, deficiencias en la tramitación de denuncias y solicitudes de información ambiental, y carencias en la inspección y disciplina ambiental. 

La digitalización de las administraciones debe ir acompañada de las debidas garantías.  Como cuestión transversal que afecta a todas las administraciones, la transformación digital solo puede legitimarse si no crea barreras de acceso a prestaciones y servicios y facilita a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos. 

El enfoque de la igualdad y la no discriminación impregna muchos asuntos que llegan a esta institución: es una perspectiva necesaria en cuestiones que atañen a personas y colectivos que merecen una especial atención, en su acceso a prestaciones sociales, en cuanto a la brecha digital, los cuidados, la vivienda, la salud, los servicios sociales, la educación, etc. 

En 2025 se conmemoró el 15 aniversario de actividad de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia y de su Consejo de Adolescentes. En cuanto a las reclamaciones en este ámbito destacan las relacionadas con los servicios sociales de infancia en desprotección centradas en desacuerdos con medidas de protección, falta de respuesta administrativa y conflictos familiares, muchas veces ya judicializados, en los que el Ararteko debe limitarse a ejercer una labor de orientación. 

Vitoria-Gasteiz, 30 de marzo de 2026

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Notas de prensa

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