La modificación legislativa amplía de uno a tres meses el plazo para solicitar la prestación y permite su concesión de oficio, con el fin de facilitar el acceso a las familias en situación de vulnerabilidad

La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, valora positivamente que el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión haya aceptado una de las recomendaciones formuladas por la institución en relación con la prestación económica destinada a familias con ingresos económicos inferiores a los establecidos por la normativa en las que se haya producido un nacimiento, una adopción, una tutela o un acogimiento. La recomendación instaba a la Administración a ampliar el plazo para presentar la solicitud de la prestación con el objetivo de hacerla más accesible, especialmente para las familias en situación de vulnerabilidad social.

La recomendación se basa en la queja de una familia a la que se le había denegado la ayuda porque la había solicitado fuera de plazo. En este caso, tanto la madre como el bebé necesitaron atención médica y hospitalización durante las primeras semanas después del parto, lo que dificultó la tramitación de la prestación en el plazo de un mes establecido hasta ahora.

Según la institución, este plazo era insuficiente para garantizar que todas las familias que cumplían los requisitos pudieran acceder a la ayuda. También advirtió que las dificultades de salud derivadas del parto o del nacimiento, así como el desconocimiento inicial de la existencia de la prestación, podían suponer un obstáculo importante para las personas y las familias con mayor vulnerabilidad social.

La reciente aprobación de la Ley 11/2026, de 9 de julio, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, responde a esta demanda y modifica el artículo 10 de la Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo a las familias. La reforma amplía el plazo para solicitar la prestación, que pasará de un mes a tres meses desde la fecha del nacimiento, adopción, tutela o acogimiento.

El Síndic de Greuges considera que esta modificación facilitará que un mayor número de familias pueda ejercer su derecho a recibir esta ayuda económica y evitará que circunstancias excepcionales, como problemas de salud del bebé o situaciones de dificultad social, impidan el acceso a una prestación concebida precisamente para prevenir situaciones de vulnerabilidad.

La nueva regulación incorpora también medidas para avanzar hacia la concesión de oficio de la prestación. A tal fin, se define la información a la que podrá acceder el departamento competente en materia de políticas familiares para identificar a las familias potencialmente beneficiarias y facilitarles el acceso a la ayuda.

Para el Síndic de Greuges, este es un paso importante hacia una administración más proactiva y cercana a la ciudadanía, ya que reduce las cargas administrativas que a menudo dificultan el ejercicio de los derechos sociales y favorece que las ayudas lleguen efectivamente a las familias que más las necesitan.