El Pacto suma nuevos departamentos de la Generalitat para reforzar la perspectiva social y combatir la segregación residencial e interna en los centros educativos

La síndica ha presidido hoy la décima reunión de seguimiento del Pacto contra la segregación escolar, un espacio de trabajo compartido que, desde 2019, reúne a administraciones, centros educativos y entidades con el fin de avanzar en la lucha contra las desigualdades educativas.

En esta reunión se ha formalizado la ampliación del Pacto con la incorporación de los departamentos de Derechos Sociales e Inclusión, Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, e Igualdad y Feminismo. Asimismo, como resultado del trabajo realizado hasta la fecha, se han presentado dos nuevas adendas al Pacto: una para abordar el impacto de la segregación residencial en la escolarización y otra para prevenir situaciones de segregación y desigualdad en los propios centros educativos.

El informe anual de seguimiento del Pacto, presentado en junio, constata que la segregación escolar sigue disminuyendo en Cataluña. En el caso del alumnado de origen extranjero, los niveles de segregación se han reducido en más de un 30 % en primaria y en más de un 25 % en secundaria desde el curso 2018/2019. Además, el 68 % de los municipios han mejorado sus indicadores, lo que demuestra que las políticas impulsadas en los últimos años están dando resultados.

Pese a estos avances, la síndica alertó de que el sistema educativo afronta importantes retos. En este sentido, la institución valora positivamente los acuerdos alcanzados en 2026 entre el Departamento de Educación y Formación Profesional, las patronales de los centros concertados y los sindicatos CCOO y UGT, que supondrán un notable incremento de los recursos destinados al sistema educativo catalán y contribuirán a reducir de manera significativa su infrafinanciación.

Sin embargo, considera que esta mejora presupuestaria no se ha aprovechado lo suficiente para dar un salto cualitativo en la equidad de la distribución de los recursos. Según señala, la mayor parte de la nueva inversión se destina a medidas de carácter general y no a reforzar los centros con mayor complejidad y concentración de alumnado vulnerable.

En concreto, la síndica subraya que menos del 10 % de la financiación pública está condicionada a la complejidad de los centros y destinada a la atención a la diversidad, y que este modelo de financiación no ha variado sustancialmente con los nuevos acuerdos alcanzados. La mayor parte de la inversión prevista en los nuevos acuerdos se destina a mejorar las condiciones salariales del profesorado, a incrementar la dotación de plantillas y a cubrir los gastos de funcionamiento de los centros, independientemente de su complejidad. En el caso de los centros concertados, por ejemplo, la mejora de la financiación se distribuye casi en su totalidad de forma lineal entre todos los centros, sin tener en cuenta su clasificación en función de la complejidad. Aunque los acuerdos prevén por primera vez algunas dotaciones adicionales de profesorado vinculadas a la presencia de alumnado en situación de vulnerabilidad social, estas representarán menos del 2 % del profesorado de estos centros una vez se desplieguen.

La institución también advierte de que los acuerdos no incorporan medidas efectivas para garantizar la reducción de las cuotas que asumen las familias. Por este motivo, recuerda que el aumento de la financiación pública debe ir acompañado de un control más estricto de las cuotas y de mayor transparencia sobre los costes y servicios que ofrecen los centros, para evitar que las barreras económicas sigan condicionando el acceso a una educación en igualdad de condiciones.

En cuanto a las llamadas mochilas escolares, se señala que su actualización beneficia exclusivamente al sector concertado y que es necesario revisar su diseño para garantizar que contribuyan de forma más efectiva a reducir las desigualdades y favorecer una escolarización equilibrada del conjunto del sistema.

Finalmente, la institución subraya que la mejora de la financiación es una oportunidad importante para reforzar la calidad y la inclusión del sistema educativo, pero insiste en que los recursos adicionales deben destinarse prioritariamente a los centros y alumnos con más necesidades, con el fin de avanzar hacia una educación con mayor igualdad de oportunidades. En este sentido, pide que los acuerdos de financiación alcanzados con patronales y sindicatos tengan en cuenta las conclusiones del informe Estimación del coste de la plaza escolar en Cataluña, presentado recientemente en el Parlamento de Cataluña.

La síndica ha concluido que el Pacto contra la segregación escolar es un ejemplo de cómo los acuerdos amplios, la corresponsabilidad institucional y el trabajo sostenido pueden generar cambios reales y mejorar la igualdad de oportunidades.

• Addenda al PSE: prevención de situaciones de segregación y desigualdad dentro de los centros educativos (en catalán)
• Addenda al PSE: el impacto de la segregación residencial sobre la escolarización