Se constata una gestión deficitaria de los recursos y una falta de herramientas adecuadas para fiscalizar las ayudas otorgadas

La afectación de los derechos de los jóvenes llevó a la institución a pedir la condonación de su deuda y la Administración lo ha aceptado

El Síndic de Greuges de Cataluña ha hecho público hoy un informe que analiza el funcionamiento de los programas de apoyo a la emancipación de los jóvenes extutelados. Tiene su origen en las quejas que ha recibido la institución y en las actuaciones de oficio que ha abierto durante los años 2024 y 2025, y se enmarca en el contexto del Plan de transformación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, impulsado por el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat.

El informe constata algunas disfunciones e irregularidades en la gestión de las prestaciones económicas y de vivienda dirigidas a las personas extuteladas. Esto afecta a los derechos y oportunidades de estos jóvenes, especialmente en términos de riesgo de exclusión social, acceso a la vivienda, formación postobligatoria o inserción en el mercado laboral, sin olvidar las afectaciones fiscales de esta gestión administrativa.

Contexto

El aumento del número de niños y adolescentes en situación de desamparo y la llegada de adolescentes migrantes solos han hecho que haya más jóvenes extutelados atendidos por las medidas de apoyo a la emancipación, lo que ha incrementado la presión asistencial sobre el Área de Apoyo a Jóvenes Tutelados y Extutelados (ASJTET) de la Generalitat.

Principales conclusiones

La cobertura de los programas de emancipación es insuficiente: los programas de emancipación cubren tan solo a la mitad de estos jóvenes cuando cumplen los dieciocho años y, entre los que se quedan fuera, hay perfiles vulnerables.

La prevalencia de denegación de prestaciones es elevada: entre 2021 y 2023 se ha denegado más de una tercera parte de las solicitudes presentadas, aunque esta cifra ha ido mejorando en estos años. El informe pone de manifiesto que estas denegaciones mayoritariamente tienen que ver con burocracia excesiva y barreras administrativas, atendiendo al perfil de estos jóvenes. 

Los retrasos en la tramitación de prestaciones económicas son excesivos: el tiempo medio supera los 10 meses (si tomamos como referencia las solicitudes de prestación económica de los expedientes activos a 31 de diciembre de 2024). También se advierte de que el proceso de extinción de la prestación es lento: para los expedientes extinguidos en 2024, pasan 18,1 meses desde que se propone su extinción hasta su resolución. En cambio, el acceso a la vivienda es bastante ágil: el 63,8 % de los jóvenes accede a una vivienda en los tres meses posteriores a su mayoría de edad.

Se constatan pagos indebidos: el Departamento ha informado recientemente al Parlamento de que, de los expedientes analizados del año 2021 –cerca de un millar–, solo se descartan pagos indebidos en un 20 %.

Las quejas recibidas muestran que los importes de los posibles pagos oscilan entre los 6.800 y los 36.400 euros, y la mayoría de los jóvenes no tienen capacidad económica para hacer frente a esas cantidades. Así nos lo han hecho saber los jóvenes que han acudido a nuestra institución, tanto a título individual como colectivo, en la reunión mantenida con la plataforma de jóvenes extutelados autoorganizados que representa al conjunto de afectados. También se evidencia que la Administración no siempre ha actuado con celeridad al detectar cambios que generan incompatibilidades.

De hecho, el informe que acabamos de publicar destaca casos anómalos o irregulares detectados a partir de la revisión de expedientes y datos suministrados por la Generalitat. Por ejemplo, jóvenes que tenían alguna actividad laboral incompatible con el cobro de la prestación o que, a pesar de residir fuera de Cataluña, seguían recibiendo la prestación; derivaciones accesorias entre servicios que dilataban la extinción de la prestación; plazas residenciales ocupadas pero con un uso mínimo o esporádico; falta de correspondencia entre la documentación del expediente y la realidad, o casos en los que no se ha hecho copago al servicio de vivienda, aunque correspondería, atendiendo al nivel de ingresos. 

Además, es importante destacar que la síndica ha constatado que en numerosos casos los jóvenes ya habían alertado a la Administración de que no les correspondía percibir esas prestaciones. En definitiva, pues, la institución concluye que en los últimos años ha habido una gestión deficitaria de los recursos públicos. Faltan herramientas adecuadas para fiscalizar los expedientes y para comprobar el cumplimiento de criterios, y falta un mayor control de la labor de las entidades gestoras del seguimiento educativo, en un contexto de alta externalización.

Ante todo esto, el pasado julio, la síndica pidió al Departamento de Derechos Sociales e Inclusión que valorara condonar la deuda existente en este caso, desde la perspectiva del principio de proporcionalidad y por su impacto en las personas, teniendo en cuenta las circunstancias de los afectados. Finalmente, a mediados de septiembre, el Departamento ha hecho público que aceptaba condonar las deudas de estos jóvenes, como ya se había hecho con los cobros indebidos de la renta garantizada.

En este marco, la síndica quiere poner en valor que el Departamento está desplegando medidas para mejorar la gestión de las prestaciones y evitar que se repitan situaciones de este tipo.

El informe cierra con una serie de recomendaciones orientadas a mejorar las garantías de los derechos de este colectivo. Destacan la necesidad de reducir los plazos de tramitación o de condonar las deudas derivadas de errores administrativos y también subrayan la importancia de proteger a los profesionales que alertan de disfunciones en el sistema.

Principales recomendaciones:

• Reducción urgente de los tiempos de tramitación
• Condonación de deudas originadas por disfunciones administrativas
• Simplificación de los requisitos y circuitos de gestión
• Integración de las prestaciones en el sistema de la renta garantizada de ciudadanía
• Garantía de un seguimiento socioeducativo efectivo
• Protección legal y acompañamiento para los profesionales que alerten sobre irregularidades