La síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, y el síndic de greuges de Barcelona, ​​David Bondia, han firmado esta mañana la renovación del convenio de colaboración entre ambas instituciones con el objetivo de reforzar la protección de los derechos de la ciudadanía y mejorar la coordinación en la supervisión de las administraciones públicas.
 

El acuerdo establece un marco estable de cooperación que permitirá ofrecer una respuesta más ágil, eficaz y coherente a las personas que presentan una queja. También facilitará el impulso de actuaciones conjuntas en ámbitos de interés común que afectan especialmente a la ciudad de Barcelona.

Uno de los principales objetivos del convenio es mejorar la información y la orientación a la ciudadanía para que cada persona pueda dirigir su queja a la institución competente en cada caso. En este sentido, la Sindicatura de Greuges de Barcelona trasladará al Síndic de Greuges de Cataluña, con el consentimiento de las personas interesadas, las reclamaciones relacionadas con administraciones distintas de la municipal. Asimismo, el Síndic de Greuges de Cataluña informará a la ciudadanía de la posibilidad de recurrir a la Sindicatura de Greuges de Barcelona cuando la queja haga referencia a la actuación del Ayuntamiento de Barcelona.

Para evitar duplicidades y mejorar la eficacia de las actuaciones, ambas instituciones compartirán información periódicamente sobre las quejas y actuaciones de oficio que afecten a ámbitos de responsabilidad compartida. Además, cada año realizarán una valoración conjunta de las quejas presentadas en relación con la Administración municipal de Barcelona para identificar tendencias y posibles áreas de mejora.

El convenio también incorpora una decidida apuesta por los mecanismos de resolución pacífica de conflictos y por la justicia restaurativa. En este ámbito, ambas instituciones colaborarán para favorecer el diálogo entre la ciudadanía y las administraciones públicas con el objetivo de contribuir a encontrar soluciones que garanticen mejor los derechos de las personas.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, con posibilidad de prórroga, y da continuidad a una colaboración institucional consolidada en los últimos veinte años. Esta trayectoria compartida ha contribuido a reforzar la defensa de los derechos de la ciudadanía y a promover unas administraciones más transparentes, accesibles y comprometidas con el principio de buena administración.

La renovación de este convenio reafirma el compromiso de ambas instituciones con la protección de los derechos de las personas y con una atención más cercana, coordinada y efectiva a las necesidades de la ciudadanía.