El informe anual de transparencia constata que en los últimos diez años se han producido avances significativos, pero alerta de que la falta de recursos humanos y materiales, así como el desequilibrio territorial, limitan su efectividad

El informe presenta diez propuestas para modificar la normativa y conseguir una Administración más transparente y orientada a generar impactos positivos en la ciudadanía
 

Hoy se ha publicado el noveno Informe anual sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, correspondiente a 2024, que evalúa el cumplimiento de la Ley 19/2014.

Diez años después de la entrada en vigor de la Ley, el balance es claro: el modelo catalán de transparencia ha avanzado, pero todavía presenta carencias estructurales que limitan su eficacia. En este contexto, la síndica pone de manifiesto que es el momento de hacer balance, de ir más allá del cumplimiento estrictamente normativo y de revisar el modelo de gobernanza de la transparencia para adaptarlo y mejorarlo. Además, destaca que la eficacia de la transparencia requiere la implicación real de todos los agentes económicos y sociales, tanto del sector público como del privado.

Este año, el 88,6% de las 1.007 administraciones y entes receptores de fondos públicos a los que se les ha solicitado información la han proporcionado, el segundo porcentaje más alto de la serie histórica.

Pocos recursos para una exigencia creciente

Una de las principales alertas del informe es la insuficiente dotación de recursos humanos y económicos. El 64 % de las administraciones catalanas no cuenta con ninguna persona destinada a jornada completa a las tareas de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Además, solo el 17,4 % ha creado una unidad de información específica, tal y como establece el Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública.

Esta escasez de recursos se produce en un contexto de incremento sostenido de las solicitudes de acceso a la información pública, que aumentan a un ritmo superior al 30 % anual y suponen una mayor carga especialmente para las organizaciones con menor capacidad.

Municipios rurales: la doble velocidad de la transparencia

El informe vuelve a poner de manifiesto la doble velocidad territorial en el cumplimiento de la normativa en materia de transparencia. Los municipios rurales, especialmente los más pequeños, son los que tienen mayores dificultades para cumplir con las obligaciones legales, debido tanto a la falta de recursos como a las limitaciones de su estructura organizativa.

Resultados de la evaluación de los principales ámbitos

Transparencia: publicidad activa y acceso a la información pública

Los portales de transparencia de la mayoría de administraciones territoriales incluyen el contenido mínimo establecido por la normativa. Sin embargo, el grado de cumplimiento es menor en las administraciones municipales con menos habitantes y en los organismos dependientes. Aunque se ha avanzado significativamente en publicidad activa, la síndica insiste en la necesidad de dar un paso más y mejorar tanto el contenido como la accesibilidad de esta información. Así, por ejemplo, todavía existe margen de mejora en aspectos como la accesibilidad, la actualización y la capacidad de reutilización de la información publicada.

En lo que respecta a los portales de transparencia de los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales, estos presentan más carencias, sobre todo en lo referente a la información económica y de contratación.

Respecto a las solicitudes de acceso a la información pública, el informe destaca un incremento del 28 % respecto al año anterior. El aumento más significativo se ha producido en los municipios pequeños, que tienen menos recursos para atender las solicitudes. Tanto la Generalitat como el Consorcio Administración Abierta de Cataluña están haciendo esfuerzos para cumplir con los requerimientos que la institución del Síndic de Greuges ha hecho en años anteriores, por lo que ha disminuido el número de administraciones que exigen incluir una motivación al presentar una solicitud, que actualmente se sitúa en un 3,2 %.

Buen gobierno

El buen gobierno es el conjunto de principios y prácticas orientados a garantizar una Administración pública íntegra, responsable y eficaz, enfocada a satisfacer las necesidades y derechos de la ciudadanía.

Los datos muestran que solo el 44 % de las administraciones han aprobado un código de conducta para los altos cargos. De las que lo tienen, la mayoría no publican el seguimiento de su aplicación ni de las medidas antifraude previstas.

Además, la cultura de la evaluación sigue siendo una asignatura pendiente para las administraciones públicas: solo el 6,4 % dispone de indicadores de evaluación y el 13 %, de cartas de servicio. Respecto a las cartas, se constata que, principalmente, están pensadas para informar sobre los servicios que ofrece la administración, pero no incluyen los compromisos ni los resultados de la evaluación de estos servicios.

En cuanto a la calidad normativa, solo el 12 % de las administraciones elabora un plan con las iniciativas normativas que deberían aprobarse el próximo año. La evaluación normativa tampoco forma parte de las dinámicas de trabajo de la gran mayoría de las administraciones.

Gobierno abierto

Durante 2024, las administraciones recibieron un 24 % más de propuestas, sugerencias y opiniones de la ciudadanía, las empresas y el tercer sector. A pesar de este incremento, todavía hay mucho margen de mejora para fomentar la participación ciudadana en la definición, aplicación y evaluación de las políticas públicas.

Registro de grupos de interés

El informe alerta de un retroceso significativo, del 24 %, en el número de reuniones registradas con los grupos de interés y concluye que este es el ámbito en el que menos se ha implementado la Ley 19/2014.

Revisar el modelo para ganar impacto

Tras una década de aplicación de la Ley 19/2014, la síndica concluye que es necesario revisar el modelo normativo y de gobernanza de la transparencia para adaptarlo a la realidad organizativa y territorial de Cataluña. En este sentido, entre las líneas de actuación prioritarias, destaca las siguientes:

• Adoptar una concepción integral del buen gobierno que incluya a todo el personal de las administraciones, no solo a los altos cargos, con el objetivo de prevenir las malas prácticas y favorecer una buena administración en beneficio de la ciudadanía.
• Introducir mejoras efectivas en la publicación de información sobre contratación y sobre la concesión de subvenciones y ayudas por parte de los entes públicos.
• Garantizar una aplicación efectiva del principio de equidad vertical, adaptando las obligaciones en materia de transparencia a la capacidad organizativa de cada ente.
• Establecer una regulación más sistemática de la participación ciudadana, con una definición clara de los derechos y límites de esta.
• Incorporar mecanismos de evaluación y seguimiento de las medidas de transparencia que tengan un impacto real en la mejora de la gestión pública.
• Mejorar el sistema sancionador incorporando mecanismos efectivos de reparación y justicia restaurativa en el ámbito de la gestión administrativa de la transparencia.