La diputada del Común presentó, en nombre de las diez defensorías del pueblo de España, las conclusiones de un año de trabajo conjunto durante las 39.ª Jornadas de Coordinación, celebradas en La Palma. El acuerdo recoge diez propuestas para garantizar el acceso a una vivienda digna, ampliar el parque público y reforzar la protección de las personas más vulnerables.

La Palma acogió, del 27 al 30 de octubre de 2026, las 39.ª Jornadas de Coordinación de las Defensorías del Pueblo, organizadas por la Diputación del Común de Canarias bajo el lema «Abriendo las puertas al futuro de la vivienda».

El encuentro reunió a las diez defensorías del pueblo de España, especialistas, representantes de las administraciones públicas, entidades sociales y menores para analizar las dificultades de acceso a la vivienda y avanzar en propuestas que permitan garantizar este derecho.

La diputada del Común, Lola Padrón, ejerció como anfitriona de las Jornadas y presentó, en nombre de las diez instituciones, las conclusiones del acuerdo alcanzado por consenso tras un año de trabajo conjunto.

El principal resultado fue la aprobación de un decálogo que reclama el reconocimiento expreso de la vivienda como un derecho subjetivo exigible ante las administraciones públicas, especialmente para las personas que no pueden acceder a ella en condiciones de mercado.

Un acuerdo común desde La Palma

El 28 de octubre, las personas titulares de las defensorías se reunieron en el Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos, donde abordaron conjuntamente los principales desafíos relacionados con el derecho a la vivienda.

Las conclusiones parten de una consideración fundamental: disponer de una vivienda digna, adecuada y asequible es una condición necesaria para desarrollar una vida autónoma y ejercer otros derechos.

El documento advierte también sobre la denominada «pobreza inducida por la vivienda», que afecta a personas y familias cuyos ingresos, aun siendo regulares, resultan insuficientes para afrontar los gastos de alojamiento sin comprometer otras necesidades básicas.

Para Lola Padrón, el acuerdo sitúa la responsabilidad de garantizar este derecho en las administraciones competentes y permite abordar el problema desde su dimensión social y de protección de los derechos ciudadanos.

«La vivienda no puede entenderse exclusivamente como un bien sujeto a las dinámicas del mercado, puesto que sus condiciones de acceso y mantenimiento determinan las posibilidades de desarrollar una vida digna y de ejercer otros derechos», señaló la diputada del Común.

Por su parte, el defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, defendió la importancia de la colaboración institucional para afrontar problemas de esta magnitud y reivindicó el acuerdo y el trabajo conjunto como instrumentos necesarios para ofrecer respuestas a la ciudadanía.

El consenso alcanzado en La Palma recoge una posición compartida por las diez defensorías sobre la necesidad de impulsar reformas legales, aumentar los recursos públicos y mejorar la coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Siete mesas técnicas para abordar el derecho a la vivienda

El Teatro Circo de Marte, en Santa Cruz de La Palma, acogió durante los días 29 y 30 de octubre siete mesas técnicas que permitieron examinar el problema de la vivienda desde perspectivas jurídicas, urbanísticas, económicas y sociales.

La primera mesa, «Derecho subjetivo a la vivienda: alcance jurídico y experiencias autonómicas», analizó las posibilidades de convertir este derecho en una garantía efectiva, así como las experiencias y los instrumentos legales desarrollados en distintas comunidades autónomas.

La segunda, «Emergencia habitacional: respuestas ante la crisis de acceso a la vivienda», abordó las dificultades que afrontan las personas y familias para acceder a un hogar, las situaciones de vulnerabilidad y las respuestas necesarias desde los servicios públicos, el trabajo social y las entidades vinculadas al derecho a la vivienda.

La tercera mesa, «Planeamiento, suelo y seguridad jurídica para garantizar el acceso a la vivienda», examinó la importancia de disponer de suelo, actualizar el planeamiento urbanístico y establecer condiciones que faciliten el desarrollo de políticas públicas de vivienda.

La cuarta, «Incremento del parque público de vivienda y movilización de recursos», se centró en las medidas necesarias para ampliar la oferta de vivienda pública y protegida, impulsar la rehabilitación y movilizar recursos que permitan responder a las necesidades de la población.

Durante la jornada del viernes, la quinta mesa, «La vivienda como infraestructura social: el papel del tercer sector y las entidades proveedoras de vivienda», analizó la contribución de las organizaciones sociales y de las entidades que trabajan para facilitar el acceso a un alojamiento digno, especialmente entre las personas con mayores dificultades.

La sexta mesa, «La salud mental necesita un techo: vivienda, bienestar y vulnerabilidad social», profundizó en la relación entre la estabilidad residencial, la salud mental y las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna.

El encuentro concluyó con «Techo Digno. Nuestra Voz Importa», una mesa protagonizada por diez niñas, niños y adolescentes en representación de las defensorías de Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco.

Su participación permitió incorporar al debate la perspectiva de la infancia y la adolescencia, recordando que las dificultades de acceso a una vivienda también afectan a la estabilidad familiar, la educación, las relaciones sociales y las oportunidades de desarrollo de las personas menores de edad.

Diez propuestas para hacer efectivo el derecho a la vivienda

El acuerdo alcanzado por las defensorías recoge diez recomendaciones dirigidas a los poderes públicos para avanzar en la protección efectiva de este derecho.

1. Reconocer la vivienda como un derecho subjetivo. Las defensorías reclaman su reconocimiento expreso, especialmente para quienes no pueden acceder a una vivienda en el mercado o se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social.
2. Establecer obligaciones exigibles a las administraciones. El acuerdo plantea que las personas puedan reclamar administrativa y judicialmente una respuesta efectiva, mediante la adjudicación de una vivienda pública o, subsidiariamente, una prestación económica.
3. Incrementar el parque de vivienda social y protegida. Se propone alcanzar, como mínimo, los estándares europeos, mantener de forma permanente la protección de estas viviendas y priorizar el alquiler asequible frente a su venta.
4. Planificar las necesidades presentes y futuras de vivienda. Las administraciones deben disponer de información rigurosa sobre la demanda residencial para adaptar las políticas públicas a las características y necesidades reales de la población.
5. Actualizar el planeamiento urbanístico. El documento reclama una mayor disponibilidad de suelo destinado a vivienda protegida, teniendo en cuenta la evolución de la población y de los hogares.
6. Aumentar de forma sostenida la inversión pública. Las defensorías proponen impulsar nuevas promociones, rehabilitar inmuebles, movilizar viviendas deshabitadas y desarrollar fórmulas de colaboración público-privada que garanticen precios asequibles.
7. Mejorar la atención administrativa a las personas demandantes de vivienda. Los registros públicos no deben convertirse en simples listas de espera. Cada solicitud debe recibir una respuesta expresa en un plazo razonable, con información sobre las actuaciones previstas.
8. Reforzar las ayudas al alquiler y otras medidas de apoyo. El acuerdo plantea adaptar las cuantías y los requisitos a la realidad del mercado inmobiliario, mejorar la gestión de las ayudas y estudiar medidas fiscales que faciliten el acceso a la primera vivienda.
9. Supervisar los alquileres turísticos y los contratos temporales. Las defensorías consideran necesario prevenir sus efectos negativos sobre la disponibilidad de viviendas destinadas a residencia habitual y sobre el mercado del alquiler de larga duración.
10. Priorizar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. El documento reclama especial atención a menores, personas mayores, víctimas de violencia de género y personas sin hogar, además de respuestas integrales frente a la segregación residencial y los asentamientos informales.

Con este acuerdo, las diez defensorías del pueblo trasladan a las administraciones públicas una posición común sobre la necesidad de garantizar el derecho a una vivienda digna. Para Lola Padrón, el consenso alcanzado en La Palma representa un compromiso compartido para que las propuestas se traduzcan en políticas públicas y respuestas concretas a las necesidades de la ciudadanía.