El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados el Informe anual de la institución correspondiente al año 2025.

Esta comparecencia se produce tras haber registrado el Informe en las Cortes Generales el 24 de marzo, y posteriormente defendido ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, el pasado 19 de mayo.

Ángel Gabilondo, que ha acudido a la Cámara Baja junto a Teresa Jiménez-Becerril, adjunta primera, y Patricia Bárcena, adjunta segunda, ha señalado en su intervención que hay problemas como las dilaciones judiciales; las homologaciones de las titulaciones de los estudios extranjeros; las listas de espera sanitarias; la atención al ciudadano a través de citas previas; los retrasos en los expedientes de nacionalidad, o la falta de personal sanitario en los centros penitenciarios que persisten en el tiempo.

En 2025, la institución tramitó 38.762 expedientes, de los que 38.144 fueron quejas, 253 actuaciones de oficio y 365 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, se atendió personalmente a 44.278 ciudadanos: 42.785 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.493 de una forma presencial. También se formularon 2.059 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. En concreto, 721 fueron recomendaciones, 788 sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales.

El mayor número de quejas llegó de las comunidades autónomas más pobladas, entre ellas, la Comunidad de Madrid (8.766), Andalucía (4.374), Cataluña (3.702) y la Comunidad Valenciana (3.458). Y los asuntos más recurrentes estuvieron relacionados con Administración de la Justicia, Sanidad y Política Social, Seguridad Social y Empleo, Migraciones, Asuntos de Interior y Educación.

Asuntos destacados

El Informe incluye asuntos relevantes que tienen que ver, entre otros, con la protección de los menores; el apoyo a las personas mayores; los inconvenientes que se encuentran los solicitantes de protección internacional tras la reforma del Reglamento de Extranjería; el trato desigual que sigue sufriendo la comunidad gitana; cuestiones relacionadas con la valoración del grado de discapacidad, o por las dificultades de su acceso al empleo público; la trata de seres humanos con fines de explotación laboral; cuestiones relacionadas con Educación; con el medio ambiente, o con las devoluciones en el IRFP a mutualistas.

En materia de Justicia, Ángel Gabilondo ha resaltado que las dilaciones judiciales preocupan especialmente a la ciudadanía y por ello, aboga por “mayor estabilidad de personal y mecanismos procesales para mejorar la capacidad de resolución”.

Respecto a la labor de supervisión de los centros penitenciarios, el Defensor del Pueblo ha querido llamar la atención ante la grave situación de la atención sanitaria en las prisiones. En este sentido, ha explicado que en 2025 se ha solicitado información sobre la cobertura de la dotación de personal facultativo en los 15 centros con más población reclusa y se ha constatado la insuficiencia de médicos.

Acerca de Educación, Ángel Gabilondo ha asegurado que persisten las quejas por temperaturas extremas en las aulas escolares. Por este motivo, la institución ha reabierto las actuaciones por la falta de acondicionamiento de los centros. El Defensor del Pueblo también ha pedido a las administraciones que dimensionen adecuadamente la figura del coordinador de bienestar que creó la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, para actuar en relación con el acoso escolar.

Ángel Gabilondo, en relación con la Administración sanitaria, ha apuntado que las quejas por las listas de espera para primera consulta, prueba diagnóstica o intervención quirúrgica, en la atención especializada del Sistema Nacional de Salud, siguen siendo las más numerosas. Además, preocupa especialmente a la ciudadanía la atención a la salud mental. El Defensor del Pueblo ha detectado poca disponibilidad de especialistas e insuficiencia de camas en las unidades infantojuveniles, que obligan puntualmente a ingresar a los menores junto con los adultos.

Por otra parte, ha destacado el gran volumen de quejas en lo que tiene que ver con Seguridad Social y Empleo. Principalmente están referidas al reconocimiento y gestión de la incapacidad laboral, la recaudación ejecutiva de deudas, la jubilación y otros complementos -como los mínimos por hijos-, el ingreso mínimo vital, los subsidios de desempleo o el cese de actividad de autónomos, retrasos en pensiones no contributivas autonómicas, y reintegros de prestaciones indebidas.

En cuanto a las políticas sociales, además de los retrasos para la valoración del grado de discapacidad, el Defensor del Pueblo ha recordado los problemas relacionados con el retraso en el reconocimiento de la dependencia, lo que impide el acceso a tiempo a las prestaciones y servicios que necesitan quienes ya han perdido su autonomía personal.

Ángel Gabilondo se ha referido, además, al informe Niñas y niños extranjeros en España solos o acompañados presentado en 2025, en el que se considera que hay que trabajar para la plena integración de toda la infancia extranjera que está en España, tanto aquella que se encuentra junto a sus progenitores como aquella que ha realizado su periplo migratorio sin referentes adultos. El Defensor del Pueblo ha subrayado que muchas administraciones “ya nos han contestado, pero hay cuestiones relativas a la asistencia sanitaria, la educación y la documentación que siguen sin estar solucionadas, por lo que hemos solicitado más información”.

Relativo a vivienda, el Defensor del Pueblo ha indicado que las quejas recibidas durante 2025 constatan las dificultades de acceso a la vivienda en compra y alquiler. Así, ha remarcado que en este ejercicio volvió a trasladar a los actores con competencia en la materia “la necesidad de incrementar la oferta de viviendas en nuestro país y la imperiosa necesidad de incrementar de manera significativa el parque de vivienda pública y protegida de precio limitado destinado al alquiler”.

Asimismo, ha hecho mención a la actuación ante la Secretaría de Estado de Hacienda por la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las indemnizaciones que está abonando la Iglesia católica por abusos sexuales. Esta recomendación ha sido aceptada por el Ministerio de Hacienda recientemente.

Sobre protección del medio ambiente, Ángel Gabilondo se ha referido al recurso presentado contra varios preceptos de la norma que modificaba el régimen de protección que recibía hasta ese momento el lobo. Además, ha recordado los recordatorios de deberes legales formulados para mejorar y reforzar las medidas de prevención y la coordinación en la lucha contra los incendios forestales.

Ángel Gabilondo ha explicado, además, la actividad realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP), que en 2025 realizó 63 visitas a lugares de privación de libertad que dieron lugar a un total de 67 actuaciones. De estas actuaciones se derivaron 396 resoluciones de las cuales 96 fueron recomendaciones, 288 sugerencias y 12 recordatorios de deberes legales.

El Defensor del Pueblo ha cerrado su intervención en el Pleno del Congreso lamentando que “la mala administración, o el abuso de poder, o la corrupción desalientan a los ciudadanos. Así como la desconsideración para con las decisiones judiciales o la anticipación ante ellas”. En este sentido, Ángel Gabilondo ha puesto en valor el Informe anual de la institución asegurando que “no es aséptico, está imbuido de la coyuntura actual reflejada a través de las quejas de aquellos ciudadanos que, a pesar del desasosiego y de situaciones difíciles, confían en las instituciones, y en este caso en el Defensor del Pueblo, para hallar respuestas con las que paliar situaciones injustas o inapropiadas”.