El Defensor del Pueblo Andaluz y la Fiscalía consideran que es preciso que tanto la sociedad civil como los poderes públicos asuman un compromiso, o pacto, por la sostenibilidad que, además de políticas activas para la protección y mejora del medio ambiente, exija tolerancia cero con estas agresiones y máxima colaboración de los Ayuntamientos con la Administración de Justicia.

Esta es una de las conclusiones de la jornada organizada por ambas instituciones el pasado mes de marzo, en Granada, para para tratar de asuntos relacionados con los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo y, singularmente, sobre la “responsabilidad de autoridades y funcionarios en la comisión de delitos urbanísticos. Especial referencia al tipo de la prevaricación urbanística.”.

En la mencionada reunión, aunque se pusieron de manifiesto los importantes avances que se han producido en la lucha contra la comisión de delitos relacionados con la ordenación del territorio y el urbanismo desde que esta conductas fueron tipificadas como delitos en el Código Penal, también se puso de relieve que continúan, no obstante, cometiéndose delitos de esta naturaleza.

Ello exige una mayor implicación de las autoridades y funcionarios locales para impedir la comisión de tales hechos y sus consecuencias y un mayor grado de colaboración de tales autoridades y funcionarios con la administración de justicia.

Los asistentes a esta reunión consideran que la pasividad de los Ayuntamientos a la hora de reaccionar ante la ejecución de obras y edificaciones ilegales en el suelo no urbanizable no admite justificación, dada la claridad con la que aparecen tipificadas estas conductas y los medios disponibles para detectar su comisión.