El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, se ha reunido esta mañana con representantes de la Fundación La Caridad, que desde hace más de 100 años gestiona en Zaragoza una guardería, un colegio concertado, el Centro de Día “El Encuentro”, un proyecto para personas sin hogar y con enfermedad mental grave, y un Centro de Día especializado en personas dependientes.

La reunión a la que han asistido Francisco Javier Galindo y Ana Núñez forma parte de las entrevistas programadas por el Justicia con organizaciones sociales que trabajan en la atención de personas sin recursos, con el fin de elaborar un Informe Especial sobre la pobreza en Aragón. En este marco, Fernando García Vicente se entrevistó ayer con el Presidente de la Fundación Federico Ozanam, Fernando Galdámez, y el próximo viernes mantendrá un encuentro con representantes de Cáritas.

En la reunión de esta mañana, los representantes de la Caridad se han referido, fundamentalmente, al proyecto denominado El Encuentro, mediante el cual se atiende a personas sin hogar que padecen una enfermedad mental grave. La atención se dispensa en un centro de día en el que pueden seguir un programa de rehabilitación tanto médico como de inserción social y también, en pisos supervisados. Actualmente atienden a unas 60 personas y cuentan con 29 plazas concertadas por el departamento de Salud de la Administración Autonómica, que son insuficientes. La Caridad realiza esta labor en coordinación con el Albergue municipal de Zaragoza donde pernoctan algunas de los enfermos sin hogar de carácter crónico.

Entre las propuestas de mejora en la atención a estas personas que los responsables de la Caridad han trasladado al Justicia de Aragón, destaca la agilización de la concesión de las ayudas sociales, como el IAI, si bien han insistido en la importancia de que vayan acompañadas de un seguimiento posterior de la Administración y de compromisos por parte de los beneficiarios, que en el caso de los enfermos mentales, sería la toma de la medicación.

Otra propuesta que han trasladado al Justicia ha sido la creación de comedores sociales, también supervisados en cuanto a la ingesta de la medicación prescrita, así como la reducción de los tiempos de tramitación de las incapacidades que, en la actualidad, supera el año.

Los representantes de La Caridad han expuesto con preocupación la falta de plazas para enfermos mentales en Unidades de Larga Estancia (ULE), cuya lista de espera, según han apuntado, superan los cuatro años, así como la ausencia de recursos para personas sin hogar y con enfermedad mental convalecientes de intervenciones médico-quirúrgicas y que precisan de un periodo de rehabilitación.
En otro orden de cosas, han planteado al Justicia su oposición a que la gestión de estos recursos que están destinados a atender a personas en situación de necesidad, ya sea por falta de hogar, enfermedad mental o marginalidad, se realice mediante un contrato con la Administración, porque entienden que esta fórmula prima la oferta económica y no permite valorar con justicia la preparación de personal que lo va a prestar, la experiencia y la trayectoria de servicio a la sociedad de estas organizaciones. El Justicia de Aragón se ha comprometido a analizar esta cuestión con detenimiento con el fin de sugerir otras fórmulas más adecuadas al tipo de la labor que se realiza.