En 2014, la Institución recibió 100 quejas derivadas de la aplicación de la Ley de la Dependencia, un número muy similar al del año anterior. En sus escritos al Justicia, los ciudadanos se quejan de los retrasos en la aprobación del Plan Individual de Atención (PIA), y una vez que está aprobado, de las largas esperas para recibir la prestación que dichos planes contempla, más de tres años en algunos casos. También plantean su malestar cuando la Administración revisa a la baja su grado de dependencia y por consiguiente modifica el PIA para reducir la prestación económica o cambiar el recurso asistencial

En 19 quejas, la persona dependiente había fallecido sin recibir la prestación reconocida en su Plan Individual de Atención.

Las sugerencias a la Administración autonómica en 2014, ascendieron a 53; en 7, se le sugirió que pagase la prestación a los herederos de la persona dependiente.

El Justicia de Aragón entiende que las personas reconocidas como grandes dependientes en virtud de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia deberían ser perceptoras de su prestación lo antes posible pues se trata, en definitiva, de hacer más llevadera una posible enfermedad o situación de deterioro provocada por la edad. El mero reconocimiento, sin consecuencias posteriores, deja sin efectos una norma aprobada precisamente para que despliegue unos efectos de manera inminente.

Sin embargo, la realidad es que muchas personas, a pesar de tener reconocido su grado de dependencia y elaborado el Plan Individual de Atención donde figura la prestación más adecuada a su situación, llevan años esperando recibirla. En este tiempo, es habitual que la salud de estas personas empeore con las consecuencias personales y familiares que eso supone.