El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido a la Administración educativa que atienda, con todos los recursos legales posibles, la petición de los padres de los menores matriculados en el colegio Ánfora de Cuarte para que se les reasignen plazas en los centros escolares solicitados en el plazo extraordinario abierto al efecto sin que, en ningún caso, resulten perjudicados ni ellos ni terceros alumnos, ya sea por separación de hermanos, lejanía del centro escolar al domicilio familiar, masificación de aulas, etc. Añade el Justicia de Aragón que, en todo caso, la reasignación de plazas deberá estar condicionada al resultado del proceso judicial, ahora abierto.

El Justicia ha hecho esta sugerencia con carácter urgente dada la inminencia del comienzo del curso escolar y tras recibir la queja de varias familias con menores matriculados en el colegio Ánfora contra el procedimiento de reasignación de plazas escolares.

Entiende el Justicia, que esta cuestión es distinta a la planteada el pasado 26 de agosto, en la que se exponía la disconformidad de sus presentadores con la decisión del Gobierno de Aragón de no autorizar la apertura del Centro Ánfora Internacional de Cuarte y cuya tramitación ha sido suspendida al tener constancia de la presentación por parte de los promotores de la queja de una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

En este sentido, el artículo 15.2 de la Ley 4/1985, reguladora del Justicia de Aragón, establece que: “El Justicia no entrará en el examen de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial y lo suspenderá si iniciada su tramitación se interpusiera o formulase por persona interesada demanda, denuncia, querella o recurso ante los Tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional. Ello no impedirá, sin embargo, la investigación sobre la problemática general que, en su caso, se derive de la queja presentada”.

La sugerencia sobre la reasignación de plazas no prejuzga el asunto anterior y se argumenta en base a la vulneración de la confianza debida en la validez de los actos de la Administración, que se manifiesta en el principio de seguridad jurídica. En opinión del Justicia, los padres del colegio Ánfora confiaron en la efectividad de la matrícula formalizada en dicho centro, al que se le había concedido un concierto mediante Orden de 12 de junio de 2015, publicada el BOA y “no deben resultar perjudicados por hipotéticos defectos en la tramitación del procedimiento, que ni conocieron ni probablemente podían conocer”