El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha participado hoy en Madrid en la rueda de prensa para presentar del estudio titulado “Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes” que han ofrecido de forma conjunta los Defensores del Pueblo de España. Allí ha hecho hincapié en la importancia de que las personas tengan una mayor educación sanitaria para conocer el papel de las urgencias hospitalarias que, fundamentalmente, consiste en la estabilización del enfermo, y poder decidir si acudir a estos servicios o a otros recursos asistenciales fuera de los grandes hospitales, para los que el Justicia pide una mayor atención.
Por otro lado, en opinión del Justicia de Aragón los problemas de urgencias, sobre todo la saturación y las esperas, no se pueden solucionar de forma aislada y hay que considerar el sistema sanitario asistencial en su conjunto. No en vano, tal y como se constata en el Informe, las urgencias son la principal vía de hospitalización, su actividad condiciona la gestión de las camas, la programación quirúrgica, la gestión de la listas de espera y, en los centros de salud, la organización de la actividad programada. En definitiva, García Vicente, ha apelado a tener presente las necesidades de los servicios de urgencias en la programación diaria del hospital.
Es la primera vez que estas instituciones coordinan un estudio conjunto y el tema elegido responde a una preocupación compartida y basada en las quejas de los usuarios de estos servicios, sobre saturación, inadecuación de las instalaciones, largas esperas, falta de intimidad, disconformidad con el diagnóstico, falta de personal, inadecuada atención por parte del médico en formación, etc.
La Institución del Justicia tramitó el pasado año 17 expedientes relativos a urgencias sanitarias, la mayoría sobre esperas excesivas y presuntos errores de diagnóstico. En tramitación en este momento se encuentra un expediente de oficio por la saturación del Servicio de Urgencias del Hospital “Miguel Servet” en determinadas épocas del año. De la información recabada de la Administración, se desprende que se está elaborando desde hace varios meses un plan de reorganización y adecuación de facultativos en los picos de mayor demanda asistencial y que se están potenciando otros dispositivos de atención a urgencias, como el del Hospital Provincial “Nuestra Señora de Gracia”.
Otro expediente de oficio en tramitación y a la espera del informe de la Administración, se refiere a la saturación del Servicio en el Hospital “Royo Villanova”, centro de referencia de la margen izquierda. Sobre este centro, también hemos recibido las quejas del personal de enfermería poniendo de manifiesto la escasez de personal.
La existencia o no de protocolos para garantizar el acompañamiento de las personas vulnerables ya sea por familiares o personal especializado es otro aspecto que preocupa al Justicia por lo que se ha dirigido a los hospitales más grandes de la Comunidad al objeto de tener información concreta.
Para elaborar el informe que hoy han presentado todos los Defensores del Pueblo, se han tomado como punto de partida los problemas comunes a todos los servicios de urgencias de las Comunidades Autónomas y se han analizado desde la perspectiva de los representantes de los pacientes, los profesionales sanitarios y los gestores. En todas las sesiones, ha participado la asesora de Sanidad del Justicia de Aragón, Isabel de Gregorio.
Según el estudio, la urgencia es el principal motivo de ingreso hospitalario, alrededor del 61% de los casos; en 2012, en España, se produjeron 26 millones de consultas en los servicios de urgencias hospitalarias, de los cuales el 79,5% fueron a cargo de la financiación pública. De acuerdo con estos datos, pareciera que la mitad de la población acude cada año a estos servicios, pero los barómetros sanitarios reflejan que las urgencias hospitalarias las utilizan el 15% de la población. Del total de los usuarios, el 25% tienen más de 65 años con una o más enfermedades crónicas y un porcentaje similar, menos de 16.
Los picos de demanda asistencial se sitúan en la franja horaria entre las 12 de la mañana y las 22 o 23, mientras que la mayor concentración de profesionales se produce en el turno general, entre las 8 y las 15 horas; por otro lado, la presencia de médicos en formación se situaría entre el 30 y el 40%, incluso más por las tardes-noches y fines de semana, lo que haría conveniente una adaptación de los recursos humanos en general.
El estudio sostiene que las situaciones de saturación suponen un menoscabo a la dignidad de los pacientes y para aliviarlas propone 7 medidas concretas, entre ellas: promover la gestión de altas tempranas para mejorar la capacidad de hospitalización, programar reservas de camas en planta en función de los ingresos previsibles en urgencias, establecer criterios de ingreso pactados en las distintas especialidades, de modo que pueda autorizarlos el médico de urgencias, potenciar medidas alternativas a la hospitalización convencional, como la cirugía mayor ambulatoria, el hospital de día o la atención domiciliaria y mejorar la gestión del transporte sanitario para no ralentizar la salida de los pacientes de urgencias.
El estudio también aborda la atención en urgencias a personas en situación vulnerable: personas inmigrantes en situación irregular, mayores con déficit cognitivo, menores, personas con discapacidad, enfermos mentales, enfermos crónicos, personas víctimas de maltrato, en situación de riesgo social y personas en custodia.
Respecto a las personas inmigrantes, el estudio constata que su derecho a recibir del sistema público atención sanitaria urgente, se ve mediatizado por prácticas administrativas concretas como la obligación de suscribir compromisos de pago con carácter previo a la asistencia, lo que genera inquietud y puede tener un efecto disuasorio. El estudio recuerda que el derecho de este colectivo se prolonga hasta el alta médica, es decir, más allá de los servicios de urgencias, por lo que debe estar garantizado.
En relación con las personas en situación de fragilidad, los Defensores insisten en la necesidad de facilitar su acompañamiento por familiares o allegados, o por personal formado específicamente para esta atención con horarios y disponibilidad adaptada a las franjas de mayor asistencia.
Una mejor coordinación entre los diferentes niveles asistenciales permitiría prestar una debida atención a los enfermos crónicos, a los de edad muy avanzada y a las personas en riesgo de exclusión social, para quienes las urgencias son siempre el recurso más idóneo.
El estudio también insiste en la necesidad de seguir avanzando en la implantación de la historia clínica electrónica y la mejora de los procedimientos para la tramitación de las quejas y sugerencias de los pacientes.