El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha abierto un expediente de oficio con el fin de conocer los planes del Ayuntamiento de Zaragoza para recuperar las zonas arboladas del Campus Universitario de la Plaza de San Francisco, tras la tala de varios ejemplares, aparentemente, debido a su mal estado y al riesgo para las personas ante eventuales caídas, según informaciones recogidas en varios medios de comunicación.

Asimismo, el Justicia se interesará por la gestión del arbolado urbano afectado por obras en la vía pública con el objetivo de alertar sobre situaciones de dejadez por falta de riego o de protección adecuada, cuando se dan estas circunstancias.

En opinión de Fernando García Vicente es evidente que hay que actuar cuando los árboles están enfermos y suponen un riesgo para la seguridad de los viandantes pero habría que extremar el celo para que está situación no llegara a producirse y en el supuesto de que fuera inevitable, prever su inmediata sustitución por nuevos ejemplares.

En numerosas Sugerencias y Recomendaciones, la Institución del Justicia ha recordado los incontables beneficios del arbolado urbano: brinda sombra, refresca el aire circundante mejorando ostensiblemente la calidad ambiental en su entorno, produce oxígeno, regula la humedad ambiente, disminuye ruidos, atenúa los vientos, retiene partículas sólidas y gérmenes ambientales, embellece las vías de tránsito y las viviendas o retiene el agua de lluvia y modera su fuerza. No menos importante es su función social, ya que los espacios arbolados constituyen el principal punto de encuentro de los vecinos, tanto de los pequeños que acuden a jugar como de los mayores que allí se reúnen, pasean, leen, hablan o realizan múltiples actividades de ocio y relación ciudadana.
Estas razones han motivado reiterados pronunciamientos del Justicia contrarios a la tala de árboles, el último, referido al arbolado de la avenida de la Constitución de Casetas afectado por el proyecto de reforma de esta vía.

La experiencia de la Institución en esta materia, enseña que la principal amenaza de los árboles urbanos son obras de urbanización o mejora urbana cuyos proyectos técnicos no tienen en cuenta la previa existencia de los árboles y su relación con el entorno, cuando, al contrario, deberían ser un elemento esencial en la ordenación urbana con peso específico a la hora de marcar las prioridades de actuación, buscando siempre alternativas que eviten su desaparición.