La resolución se ha dictado tras la presentación de una queja por una familia desahuciada con tres hijos, que después de ser desalojada de una vivienda ocupada, no contó con alternativa alguna. 

Además, se insta a que, al menos, el 30% de las viviendas de protección pública de titularidad autonómica desocupadas integren el parque público de alquiler social.