El valedor do pobo, José Julio Fernández Rodríguez, ha abierto una investigación para conocer la realidad de personas que podrían estar practicando la mendicidad en Galicia como víctimas de diferentes redes de explotación. Ante la existencia de indicios de que en Galicia hay personas que están siendo víctimas de explotación, ha dirigido un escrito a las alcaldías de las siete principales urbes de la comunidad para que faciliten datos sobre se tienen constancia de este tipo de prácticas. Ofrece su colaboración por medio de las redes internacionales contra la trata de personas con las que trabaja estrechamente.

La actuación del Valedor do Pobo viene motivada por la detención por parte de agentes de la Policía Nacional, en fechas recientes, de dos personas que, presuntamente, obligaban a compatriotas a mendigar en la ciudad de Santiago y en otras localidades como Negrera, Noia, Vilagarcía o Lalín. Las víctimas vivían en condiciones infrahumanas en viviendas muy reducidas y con deficientes condiciones de salubridad. La preocupación del Valedor do Pobo sobre esas personas es máxima, sobre todo en lo que se refiere a la salvaguarda de sus derechos. “Parece desprenderse que hay indicios razonables para considerar que en Galicia hay personas que están siendo víctimas de explotación con fines de mendicidad”, manifiesta el valedor do pobo que, como alto comisionado del Parlamento de Galicia para la defensa de los derechos fundamentales de las personas, insta a la colaboración de los ayuntamientos para que faciliten datos sobre se tienen constancia de este tipo de prácticas.

Como miembro de distintas redes internacionales de defensa de los derechos humanos en las que se integran los ombudsman de diferentes regiones, el Valedor ofrece su colaboración a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con el fin último de defender los derechos de las personas afectadas.

La defensoría forma parte específica de la Red de Migrantes y Trata de Personas, organismo adscrito la la Federación Iberoamericana de Ombudsman y se encuentra en condiciones de solicitar información y/o colaboración a las defensorías de los derechos humanos de otros países, también en Europa. “Entendemos que esto puede resultar de gran utilidad en fenómenos de este tipo, que en muchas ocasiones aparecen vinculados a la migración y que están asociados a un ciclo _donde hay una captación engañosa de ciudadanos y ciudadanas en sus países de origen a los que se transporta hasta el destino donde se realiza la explotación bajo amenazas _ lo que, no cabe duda, dificulta la posibilidad de defender y exigir los derechos humanos de aquellas personas afectadas por estos fenómenos”, informa.