El Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, a través de los órganos de inspección competentes, ha adoptado las medidas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de una residencia de personas mayores, en cuanto a alimentación, gasto farmacéutico por residente, uso adecuado y proporcionado de las medicinas, y atención médica.

Así se desprende del pormenorizado informe que la Administración inspectora a remitido al Justicia de Aragón en respuesta a una queja por presunto trato negligente a un usuario por parte del establecimiento, de titularidad privada.

La Institución considera que la Administración inspectora, en sus funciones de control respecto de este tipo de establecimientos sociales, ha efectuado las comprobaciones y desarrollado las actuaciones necesarias para atender la problemática detectada y así se lo ha trasladado a la persona que presentó la queja.

En opinión del Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, la respuesta de la Administración sanitaria aragonesa es una muestra de colaboración entre las instituciones para solucionar los problemas de los ciudadanos.