El Defensor del Pueblo Andaluz valora muy positivamente las ayudas aprobadas por el Gobierno andaluz para la obtención del nivel de idiomas (B1 o superior) por el alumnado universitario, dado el importante esfuerzo económico que implica la realización del curso y la superación de las pruebas de acreditación de las competencias lingüísticas en una lengua extranjera.

Sin embargo, considera necesario que se introduzcan algunos cambios en la normativa que regula dichas ayudas para evitar que se produzcan otros efectos, como pueda ser la exclusión de su ámbito de aplicación de personas cuya situación económica merecería de esta protección.

Así, se ha formulado Sugerencia a la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología con objeto de que se incluya entre el alumnado que puede resultar beneficiario de las ayudas, a quienes reúnan los requisitos económicos que se exigen para obtener una beca del Ministerio de Educación, aunque no hayan podido obtener dicha beca por no cumplir los requisitos académicos.

Asimismo, se ha propuesto que, al igual que ocurre en las becas del Ministerio, se elimine de los requisitos que han de reunir las personas beneficiarias el tener que acreditar que se encuentran al corriente de obligaciones tributarias y de Seguridad Social, ya que este requisito imposibilita acceder a estas ayudas a muchas personas que las necesitan por su situación de precariedad económica.

Igualmente se ha sugerido que, de cara a futuras convocatorias, se  permita la adjudicación y pago de las ayudas con justificación diferida, a fin de facilitar el pago de los costes necesarios para la adquisición y acreditación de las competencias lingüísticas a personas con limitados recursos económicos.